Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que ratifica la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales, el grupo Clarín debería adecuar su estructura a lo establecido por la norma sancionada por el Congreso en octubre de 2009. Sin embargo, en el mayor holding de medios del país consideran que la bautizada madre de todas las batallas no está perdida. Sus abogados trabajan en cómo defender su actual statu quo frente al avance que el Gobierno iniciará tras recibir este pulmotor que lo hizo revivir de la derrota electoral.

La estrategia se basará en mantener la judicialización del caso; recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos, y cuestionar la independencia de la Afsca.

En tribunales, insistirá con sus cuestionamientos a la norma. En especial, a los plazos para presentar el plan de desinversión, a los activos que debería poner a la venta y a los derechos adquiridos que cree la Ley de Medios no respeta. Además de violar la libertad de expresión.

Para internacionalizar la causa, recurrirá a la Convención Americana de Derechos Humanos y otros organismo como la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.

En cuanto al rol del Afsca, se aferran a parte del fallo de la Corte que duda de la objetividad y funcionamiento del organismo. Para Clarín, aplica la ley de forma arbitraria. Y la prueba más concreta, dicen, es la colonización oficial de medios producida desde la sanción de la norma. Hoy más del 80% de los grupos audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo, acusan.

Por eso, advierten que el verdadero sentido de la ley es que los medios no sean autosustentables y dependan de publicidad o negocios con el Estado. La esencia de esta estrategia está plasmada en un comunicado enviado ayer por Clarín en donde lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión y condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia.

Insiste en que los artículos cuestionados contradicen principios de la Constitución y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. También advierte que la ley y el fallo, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan los derechos adquiridos. Agrega que al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión. Argumenta también que impedir el funcionamiento de medios que no usan espectro radioeléctrico, equivale a prohibir un diario o un sitio de Internet, lo que implica censura previa para la Constitución y los tratados internacionales.

Sobre el rol del Afsca, adelanta que exigirá, en las instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida, que las medidas de adecuación cumplan los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y solvencia técnica, señalados por la Corte. Agrega también Clarín que continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas.