El Gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario por “salto de instancia”, un per saltum, para que intervenga de manera directa en el conflicto por la reforma laboral, luego de que la Justicia del Trabajo suspendiera más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación del Estado, tras el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la CGT y frenó la aplicación de buena parte de la norma sancionada por el Congreso.
En el escrito, el Ejecutivo solicitó que el máximo tribunal declare admisible el recurso, suspenda los efectos de la sentencia y, en definitiva, revoque la decisión judicial.
El argumento central es que el fallo fue dictado por un juez “incompetente” y que afecta la vigencia de una ley nacional con alcance general.
El Gobierno también cuestionó la legitimación de la central sindical para impulsar la demanda y sostuvo que no existe un “caso concreto”, ya que —según afirmó— la CGT impugnó la ley de manera abstracta, sin demostrar un perjuicio específico derivado de su aplicación.
Además, advirtió sobre la “gravedad institucional” del fallo, al considerar que un juez de primera instancia no puede suspender una norma del Congreso con efectos para toda la sociedad. Según el planteo oficial, esto implica una alteración del principio de división de poderes y genera incertidumbre jurídica a nivel nacional.
En esa línea, el recurso sostiene que la cautelar tiene impacto directo sobre todos los trabajadores y empleadores del país, lo que excede el interés de las partes involucradas y justifica la intervención urgente de la Corte sin pasar por las instancias habituales del proceso judicial.
El caso se inscribe en la creciente tensión entre el Gobierno y el sindicalismo por la reforma laboral, y abre un nuevo capítulo judicial en el que el máximo tribunal deberá definir no solo la validez de la cautelar, sino también los límites del control judicial sobre leyes aprobadas por el Congreso.