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Horas antes de la cuarta marcha universitaria desde que Javier Milei llegó al poder, el Gobierno dispuso un recorte de $ 78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que ajustó $ 2,5 billones en distintas áreas del Estado. La medida, que también suspendió transferencias para obras en universidades nacionales, profundiza el conflicto con el sector.
El recorte más importante afecta al Plan Nacional de Alfabetización. Ese programa perdió $ 35.288.051.713, con un impacto directo sobre las transferencias que el Estado Nacional gira a las provincias para su ejecución. Se trata del programa más golpeado de todo el paquete de ajuste.
A eso se suma la eliminación total del Fondo de Compensación Salarial Docente. Ese fondo garantizaba el salario mínimo de docentes provinciales y fue suprimido con una quita de $ 8.929.835.294. Su desaparición expone a miles de maestros al desfinanciamiento salarial en las jurisdicciones más vulnerables.
En infraestructura escolar y equipamiento, el ajuste acumuló $ 21.686.636.818. El programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas registró una baja de $ 6.649.536.538, dentro de la cual las becas estudiantiles perdieron más de $ 559 millones, afectando directamente a los sectores de menores recursos.
La empresa estatal EDUC.AR S.A. también sufrió el recorte. Las transferencias se redujeron en $ 48.000.000.000, una cifra que compromete el sostenimiento de los recursos educativos digitales que el Estado produce y distribuye a nivel nacional.
Las universidades nacionales no quedaron al margen. El anexo de la Decisión Administrativa registró una poda de $ 5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura, con obras suspendidas en trece casas de estudio a lo largo del país.
La Universidad Nacional de La Plata fue la más perjudicada: perdió $ 1.043.000.000 destinados a obras de infraestructura. Le siguieron la Universidad Nacional de General San Martín y la de Avellaneda, con recortes de $ 700.000.000 cada una, mientras que Río Cuarto perdió $ 680.500.000 y Entre Ríos, $ 540.000.000.
Un presupuesto 35,1% por debajo de lo que marca la ley del Congreso
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un análisis comparativo que amplía la dimensión del recorte en términos reales. De haberse aplicado la Ley de Financiamiento Universitario —vetada por el Ejecutivo y luego reimpulsada por el Congreso—, el presupuesto universitario habría alcanzado $ 8,49 billones a valores de 2026, con un crecimiento real del 33,8% respecto de 2025.
Esa cifra representaba, según el estudio, una recuperación casi plena del terreno perdido desde el inicio del ajuste. El aumento equivalía apenas al 1,9% por encima del nivel de 2023, lo que lo situaba como un piso razonable y no como un gasto excepcional.
El proyecto del Gobierno apunta en dirección contraria. El incremento propuesto del 13,1% elevaría el crédito a $ 5,51 billones, pero en términos reales eso equivale a una caída del 2,1% frente a 2025 y del 33,9% respecto de 2023.
La diferencia entre ambos escenarios implica un presupuesto universitario 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la norma aprobada por el Congreso.
Uno por uno, los recortes más significativos por área de la Decisión Administrativa 20/2026
- Obligaciones del Tesoro Nacional (subsidios y servicios económicos)
El recorte más voluminoso de toda la decisión alcanzó $ 1,47 billones en la partida de “Otras Asistencias financieras - servicios económicos -”. Responde a la baja de subsidios y la suba de tarifas de servicios públicos.
- Ministerio de Economía – Uso racional de energía
El programa de Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía sufrió una quita de $ 359.497 millones. En total, la sub-jurisdicción de Economía y Energía acumula recortes por $ 377.215 millones.
- Ministerio del Interior – Infraestructura deportiva
El programa Infraestructura para el Desarrollo del Deporte perdió $ 320.671 millones. La cartera registra en total una rebaja de $ 320.711 millones en Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional.
- Ministerio de Capital Humano – Educación
El Fondo de Compensación Salarial Docente se redujo $ 78.711 millones. El total de recortes en la Secretaría de Educación suma $ 78.768 millones.
- Ministerio de Salud – Programa oncológico
El programa de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer recibió un recorte de $ 63.021 millones. Es una de las bajas sectoriales más sensibles del decreto.
- Ministerio de Capital Humano – Niñez y ciudadanía
El Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía perdió $ 55.465 millones. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia acumula rebajas por ese mismo monto.
- Jefatura de Gabinete – Ciencia y tecnología
La sub-jurisdicción de Innovación, Ciencia y Tecnología registró recortes por $ 19.532 millones, con impacto en programas de investigación aplicada.
- Ministerio de Defensa y Seguridad
Las Fuerzas Armadas acumularon bajas por $40.942 millones —con la Fuerza Aérea ($ 12.622 millones) y la Armada ($11.820 millones) como las más afectadas— y las fuerzas de seguridad, $ 25.664 millones.
- Poder Legislativo Nacional
El programa de Formación y Sanción de Leyes resignó $4.656 millones. En total, el Congreso acumula rebajas por $ 14.422 millones en el período.
- Cultura – Museos, bibliotecas y teatro
El área de Cultura perdió $ 607,9 millones, con caídas en programas de gestión de museos, el sistema de bibliotecas populares y el Teatro Nacional Cervantes.
Las rebajas en los créditos presupuestarios se realizan en cumplimiento de los límites de la Ley N° 27.798 de Presupuesto General 2026.
Gran parte de los fondos recortados se reasignan mediante compensación: el refuerzo más significativo va a la ANSES, que recibe $ 500.000 millones adicionales para deudas previsionales y retiros voluntarios.