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El Gobierno de Javier Milei ya avanzó con la desregulación de vastos sectores de la vida económica nacional y en la agenda figura un nuevo objetivo que afecta el quehacer cotidiano de millones de argentinos.
Alquilar, vender o comprar una casa, un local, o un terreno es parte de las preocupaciones, que el mercado inmobiliario gestiona a través de sus propias instituciones y profesionales. Ese es el nuevo campo de acción en el que promete ingresar el avance desregulador libertario.
La iniciativa fue confirmada por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger con el objetivo de producir una “apertura” en ese mercado, habilitando el ingreso de nuevos actores que hoy están excluidos o limitados por las regulaciones vigentes.
Según el borrador, se flexibilizará profundamente la figura del corredor inmobiliario: podrán desempeñarse en esa función tanto personas humanas como jurídicas. Para ejercer el corretaje sólo se requerirá ser mayor de edad y no encontrarse inhabilitado judicialmente.
En ese sentido, se elimina el requisito del título universitario, una de las principales barreras de entrada al mercado inmobiliario argentino.
Actualmente, los corredores deben cumplir con exigencias como:
- título habilitante,
- colegiación,
- matriculación,
- y restricciones territoriales, que ahora quedan en entredicho.
“Esto comenzó con la llegada de ReMax al país, que usa la figura de ‘agente’ para que las personas trabajen sin matrícula”, señaló a El Cronista una voz del sector.
El objetivo: abrir el mercado y bajar barreras
La filosofía del proyecto aparece explícitamente en varios artículos del borrador. Allí se establece que el corretaje “no estará sujeto a restricciones que generen barreras de entrada o distorsionen el mercado”.
El texto también habilita expresamente el ejercicio de la actividad a través de:
- plataformas digitales,
- portales web,
- aplicaciones móviles,
- y cualquier entorno virtual.
Eso apunta directamente al crecimiento de modelos inmobiliarios digitales que hoy operan en una zona gris regulatoria o enfrentan conflictos con colegios profesionales provinciales.
Dentro del Gobierno sostienen que el esquema actual funciona como un sistema cerrado, donde las matrículas y colegios limitan artificialmente la competencia.
Por eso, otro de los puntos centrales de la reforma es la prohibición de fijar:
- aranceles mínimos,
- pisos de honorarios,
- o topes máximos de comisiones.
Según el borrador, los honorarios quedarán sujetos exclusivamente “al libre acuerdo entre las partes”.
La pelea de fondo con los colegios profesionales
En el sector inmobiliario sostienen que el verdadero conflicto detrás de la reforma es el poder de los colegios de martilleros y corredores públicos.
“El objetivo puede ser buscar una reducción de costos en las compraventas, algo discutible desde el punto de vista práctico. Ahora bien, ¿vos pondrías un activo como una casa en manos de un desconocido, sin preparación y no colegiado, al que después será más difícil reclamarle judicialmente si algo sale mal?”, señaló un corredor matriculado de la Ciudad de Buenos Aires.
Los colegios profesionales sostienen históricamente que:
- la matrícula garantiza capacitación;
- protege al consumidor;
- y permite mecanismos disciplinarios y sancionatorios.
Desde el oficialismo, en cambio, consideran que muchas de esas regulaciones funcionan como barreras corporativas de entrada.
El antecedente judicial que anticipó parte de la reforma
El proyecto también elimina las llamadas “incompatibilidades absolutas”.
Hasta ahora, en varias provincias como Buenos Aires el ejercicio del corretaje era incompatible con otras profesiones liberales.
El caso más conocido es el de abogados que debían renunciar a su matrícula profesional para ejercer como corredores.
Esa discusión ya había llegado a la Suprema Corte bonaerense, que declaró “irrazonable” la incompatibilidad absoluta impuesta a una abogada que pretendía matricularse también como corredora inmobiliaria.
La futura reforma toma ese antecedente y establece expresamente que el corretaje podrá ejercerse simultáneamente con cualquier otra profesión o actividad lícita.