En esta noticia
La salida de Stella Maris Martínez al frente de la Defensoría General de la Nación volvió a encender las alarmas sobre un problema que atraviesa de manera estructural al sistema judicial argentino: la falta de autoridades titulares en puestos clave del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Martínez dejó de ejercer este domingo al cumplir 75 años, edad límite establecida por la normativa vigente. Si bien la magistrada había manifestado su intención de continuar en el cargo, el Gobierno decidió no enviar su pliego al Senado para que se habilite una extensión de su mandato.
De este modo, la jefatura del Ministerio Público de la Defensa quedó vacante y fue cubierta de manera provisoria por Julián Langevín, defensor oficial ante la Corte Suprema, quien asumió como interino.
El episodio no es un hecho aislado sino parte de un cuadro más amplio que genera preocupación institucional. Con el fin del mandato de la Defensora General, el sistema de justicia federal comenzó el año judicial con una situación inédita: las cabezas de los principales organismos se encuentran vacantes, cubiertas por interinatos o en condiciones irregulares.
Según un documento de INECIP, hoy no hay autoridades titulares en ninguno de los órganos centrales del sistema federal, lo que configura un escenario de extrema gravedad institucional.
El informe advierte además que el deterioro es sostenido y viene acumulándose desde hace más de una década. La Defensoría del Pueblo permanece vacante desde 2009, mientras que la Procuración General funciona bajo interinato desde 2018, con Eduardo Casal en el cargo desde hace ocho años sin designación formal.
A esto se suma una Corte Suprema incompleta, integrada solo por tres de sus cinco miembros, y un Consejo de la Magistratura que continúa operando bajo una ley derogada, luego de que el Congreso no sancionara una nueva normativa pese al fallo del máximo tribunal.
En paralelo, el problema se extiende hacia abajo en la estructura judicial: un tercio de los cargos de jueces, fiscales y defensores federales se encuentra vacante. En el Poder Judicial nacional el número ronda el 33% y en el Ministerio Público Fiscal supera el 40%, lo que agrava aún más la parálisis del sistema.
Cómo está la estructura judicial
- Corte Suprema de Justicia: incompleta.
- Procuración General de la Nación: interinato desde hace 8 años.
- Defensoría General de la Nación: interinato desde ayer.
- Defensoría del Pueblo de la Nación: vacante desde 2009.
- Procuración Penitenciaria de la Nación: interinato desde 2023.
- Consejo de la Magistratura: composición irregular por incumplimiento del Congreso.
A esto se suma un dato estructural crítico:
- El 33% de vacantes en el Poder Judicial de la Nación.
- Más del 40% de vacantes en el Ministerio Público Fiscal.
Las consecuencias de esta acefalía no son solo administrativas. El documento sostiene que un sistema debilitado y sin conducción plena reduce los controles sobre el poder político y económico, favorece la impunidad en delitos complejos como la corrupción o el narcotráfico, y deteriora la protección de derechos y garantías fundamentales.
También advierte que la falta de instituciones judiciales sólidas impacta en la inserción internacional del país y en objetivos económicos estratégicos, como la atracción de inversiones o el cumplimiento de estándares exigidos por organismos como el GAFI.
La decisión del Ejecutivo de no impulsar el pliego de Martínez deja así otro cargo central bajo interinato, en un contexto donde los nombramientos judiciales se encuentran trabados por la falta de consensos políticos y por estrategias de designación que, según el informe, ya no resultan viables en un escenario de fragmentación parlamentaria.
Mientras Langevín conduce provisoriamente la Defensoría General, crece la preocupación por un sistema judicial que acumula vacantes en sus máximas autoridades y que enfrenta el riesgo de funcionar cada vez más sin conducción, sin control efectivo y con menor capacidad para garantizar justicia.