Las personas con discapacidad y todo el ecosistema de prestadores que trabaja a su alrededor no tiene paz durante el gobierno de Javier Milei.
Tras todo un año de pelea en el Congreso para conseguir que se apruebe primero y luego se cumpla la ley de emergencia que buscaba recomponer los ingresos de los profesionales del área, ahora están recibiendo la novedad por ahora de manera informal de que se viene una nueva fase de cambios que impactará en el funcionamiento del sistema y -además- agrega un nuevo foco de tensión de la Nación con las provincias.
Según pudo reconstruir El Cronista, el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, está avanzando junto a la subgerenta de Control de Gestión Mariela Alonso con una agenda que incluye como tema central un nuevo reparto de tareas de asistencia y cobertura donde la Nación se corre y le traspasa la responsabilidad a las provincias.
En especial, el foco oficial está puesto en un nuevo proyecto de ley para que las prestaciones que tengan que ver tanto con el transporte de las personas con discapacidad así como con la educación pasen a quedar bajo la jurisdicción provincial. “Es lo que establece la Constitución Nacional”, explican en la superintendencia como respuesta a cualquier objeción al respecto.
La principal preocupación de los pacientes y los profesionales que trabajan en el tema es que en el traspaso haya quienes se queden sin cobertura por una cuestión central: no está garantizado que los distritos tengan los fondos para asumir los compromisos que ahora paga la Nación.
Ya hubo organizaciones de prestadores de la discapacidad que le plantearon reparos al propio equipo de la superintendencia ante lo que consideran es un nuevo golpe para los pacientes y sus familias. “Se trata de responsabilidades provinciales”, insistieron en el Gobierno donde únicamente dejaron la puerta para avanzar “de forma gradual”, pero sin lugar a revisar la decisión.
La principal advertencia tiene que ver con los colegios, donde no está garantizada la oferta de docentes de apoyo para la inclusión escolar, lo que podría traducirse eventualmente en la exclusión de miles de niños del sistema educativo. Se trata de una crisis que de concretarse podría generar tensión para los gobernadores, que ya están atravesando en muchos casos caída de recursos y problemas con los empleados públicos, entre ellos, los docentes.
Un panorama igual de crítico se abre con el transporte, crucial para que las personas con discapacidad puedan concurrir a sus terapias. Se trata de un rubro que además atraviesa un atraso de los pagos que se combina con el incremento de los combustibles a partir de la crisis en Medio Oriente.
Ante las versiones que recibieron del superintendente y su equipo los prestadores, fuentes del gobierno aclararon a El Cronista que “por el momento no hay una decisión de avanzar en ese sentido”, aunque sí subrayaron que “tanto el transporte como la educación son competencias de las jurisdicciones”. “Son ellas quienes deberían hacerse cargo”, recalcaron. La versión que le llegó a los representantes del sector de discapacidad es que se mandaría un proyecto de ley complementario del que ya se envió bajo el nombre de prevención del fraude en pensiones de invalidez, que incluye entre otros items, la eliminación del nomenclador.
De hecho, desde la Superintendencia confirmaron al sector que están trabajando en la eliminación de ese listado que establece los valores que se toman de referencia para el pago de cada prestación.
La idea es que cada financiador -prepagas y obras sociales- acuerde los aranceles en forma individual con cada paciente. Podría mantenerse algún tipo de recupero de cada financiador con la administración central, pero sería en todo caso parcial.
Los montos, entonces, quedarán para que surjan de la interacción entre la oferta y la demanda, con una alta probabilidad de que haya un salto en el costo que además podría empezar a pagar cada familia ante la falta de cobertura.
“El riesgo es que quien pueda pagar acceda a sus prestaciones, y quien no puede, quede marginado”, explicaron en distintas cámaras de terapistas que recibieron la información del plan que tiene la Superintendencia.
Mientras se preparan para lo que puede llegar a ser una nueva fase de modificaciones que afecten los servicios, muchos prestadores están reclamando el cobro de los servicios que dieron en noviembre y diciembre del año pasado, que la obra social que sostiene la Nación, Incluir Salud, todavía no les transfirió. De hecho, se acumulan las clínicas y hospitales de día que están al borde de dejar de funcionar ante la falta de cumplimiento por parte del estado nacional.
Aumento
Ayer, en tanto, la Secretaría Nacional de Discapacidad aumentó un 2,6% las prestaciones básicas que fija el nomenclador. Lo hizo a través de la resolución 517/2026 que se publicó en el Boletín Oficial.
“La medida consolida el esquema de incrementos mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acordado por unanimidad por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. El objetivo es preservar el valor de los honorarios profesionales frente a la inflación y asegurar la continuidad y calidad de la atención”, escribió el Gobierno en un comunicado.
Sin mencionar los planes de cambios que se transmitieron a los prestadores, desde la secretaría además agregaron que “la medida responde a un cambio de paradigma en la gestión de los recursos, garantizando el uso eficiente y sostenible de los mismos”.
Según cifras oficiales, el incremento se suma a los aumentos ya otorgados del 5,78% en febrero, del 2,90% en marzo y del 3,40% en abril, más un 20% por zona desfavorable para la región patagónica.