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El Gobierno volvió a poner sobre la mesa la baja de la edad de imputabilidad en un momento que no es casual.
El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, protagonizado por menores de edad y con fuerte impacto público, funcionó como catalizador de una discusión que el oficialismo venía buscando reactivar desde el inicio de la gestión.
La conmoción social, amplificada por la viralización del caso, le permitió a La Libertad Avanza reforzar un argumento central de su agenda de seguridad: que el régimen penal juvenil vigente quedó desfasado frente a la gravedad de los delitos.
En la Casa Rosada reconocen que el tema vuelve ahora porque confluyen dos factores. Por un lado, la oportunidad política que generan hechos de alto impacto, que reordenan prioridades en la opinión pública y presionan al sistema político.
“Esto no se queda acá, para estas sesiones extraordinarias vamos a estar enviando el proyecto de ley de la Baja de Imputabilidad para los menores que delinquen, porque en Argentina el que las hace las paga, y delito de adulto, pena de adulto”, afirmó el presidente Javier Milei el lunes por la noche en Mar del Plata ante una multitud.
Por otro, una lectura parlamentaria: el oficialismo considera que la nueva conformación del Congreso ofrece mejores condiciones que el escenario heredado en 2025, cuando el proyecto obtuvo dictamen, pero nunca logró los votos suficientes para llegar al recinto.
En aquella ocasión, la discusión había sido motorizada luego del crimen en La Plata de Kim Gómez, una nena de 7 años que quedó en medio de un asalto perpetrado por dos jóvenes de 14 y 17 años.
El debate ya tiene calendario tentativo. El Ejecutivo confirmó que la Ley Penal Juvenil será incorporada al temario de sesiones extraordinarias de febrero y que comenzará en la Cámara de Diputados.
Allí, el oficialismo apuesta a reactivar el trabajo en plenario de comisiones a partir de la segunda semana del mes, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto antes de que finalicen las extraordinarias o, en su defecto, dejarlo encaminado para marzo.
El trámite en el Congreso no es menor. Con la pérdida de estado parlamentario del dictamen aprobado el año pasado, el proceso debe reiniciarse desde cero: convocatoria formal a las comisiones, reuniones informativas, discusión artículo por artículo y firma de un nuevo dictamen. Las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes, Legislación Penal y de Justicia serán las claves, tanto por el contenido del debate como por la correlación de fuerzas internas.
El texto que el Gobierno dice querer impulsar es, en líneas generales, el mismo que ya había logrado consenso parcial en 2025.
Ese proyecto fija la edad de imputabilidad en 14 años —aunque en el Ejecutivo no descartan llevarla a 13 si consiguen los votos— y establece un sistema de sanciones progresivas que prioriza medidas socioeducativas, con la prisión reservada para delitos graves.
El desafío, sin embargo, sigue siendo político. Aunque el debate logró reunir en su momento a oficialismo, PRO, UCR, Coalición Cívica y bloques provinciales, el número nunca alcanzó para garantizar la aprobación. Esa experiencia funciona hoy como advertencia: el consenso mediático no asegura mayorías en el recinto.
Es por eso que se estima que habrá incorporaciones de otros espacios para poder llegar a los números necesarios. En el caso de Unión por la Patria la propuesta máxima es bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, por lo que habrá un fuerte choque ya que las posturas no están alineadas.
El antecedente que complica al kirchnerismo
En 2009, luego de la derrota electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires que sacudió la estructura del entonces oficialismo, se planteó la discusión en el Congreso de una ley penal juvenil.
“Es hora de que la Justicia entre a tomar las determinaciones que corresponden y que el Congreso de la Nación se ponga a discutir la ley penal del menor, esto es lo que dice la presidenta de los argentinos”. La frase es del expresidente Néstor Kirchner en referencia a su sucesora Cristina Kirchner y la necesidad de un impulso de la baja de la edad de la imputabilidad que se fogoneó a partir de un hecho de inseguridad que involucraba a un menor de 14 años.
El proyecto, elaborado por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, impulsaba justamente esa edad como base para la imputabilidad. El texto logró pasar el trámite en el Senado y después quedó trabado en Diputados, por lo que no se convirtió en ley.
En 2013, año en el que hubo otra derrota electoral, el entonces intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde volvió a la carga con el tema, en el marco de su campaña política con miras a la gobernación bonaerense. Allí no recibió el visto bueno de Cristina Kirchner, que a través de Aníbal Fernández y otros pesos pesados parlamentarios bajó el pulgar a la iniciativa.