En el último mes, las voces de distintos gobernadores empezaron a advertir un problema claro que suma el congelamiento de la coparticipación, la crisis económica y la baja de actividad. Todo ello dio como resultado la caída en la recaudación de las provincias y, por ende, un creciente malestar en varias provincias que arrancaron el año con conflictos salariales y tensas movilizaciones a las casas de gobierno de esos distritos.
Mandatarios provinciales de distintos signos políticos viven esta situación, desde los más aliados al gobierno de Javier Milei como Juan Pablo Valdés de Corrientes, hasta el acérrimo de sus enemigos, cómo Axel Kicillof en Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires es el caso más voluminoso del mapa, tanto por el tamaño de su estructura como por la magnitud de los recursos en disputa.
Kicillof convocó a más de 60 intendentes al Salón Dorado de la Gobernación para exponer la situación fiscal de la provincia y lanzar una nueva ofensiva judicial contra la Nación, la octava demanda desde 2024, esta vez por el incumplimiento del Consenso Fiscal de 2017.
El eje del encuentro fue la deuda que la Nación mantiene con la provincia, estimada en unos 22 billones de pesos entre fondos no transferidos y obras paralizadas.
El anuncio más aplaudido fue el compromiso de coparticipar el 16% de los fondos que la provincia logre recuperar judicialmente de la Nación, una promesa que sin embargo queda sujeta a los tiempos de la Corte Suprema.
Fuente: prensa Axel Kicillof
En enero del 2026, los 135 municipios bonaerenses recibieron transferencias que, descontada la inflación, cayeron en términos reales. En este sentido, el panorama es el recorte en coparticipación bruta dominando la escena e impactando sobre la autonomía financiera de los gobiernos locales.
Como paliativo inmediato, Kicillof anunció el pago de una primera cuota de $50.000 millones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal, distribuida entre los 135 distritos según el coeficiente de distribución vigente.
La tensión entre el discurso que responsabiliza a la Nación y la presión cotidiana que enfrentan los intendentes por servicios, obras y paritarias configura el trasfondo real del conflicto bonaerense.
De hecho, por primera vez en seis años de gestión de Kicillof, el inicio de clases no pudo garantizarse con normalidad. El 2 de marzo, docentes del sistema público y privado adhirieron masivamente al paro nacional convocado por CTERA, con reclamos de convocatoria a paritaria nacional, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y recomposición salarial.
El conflicto tiene una capa provincial y otra nacional, difíciles de separar. La eliminación del FONID por parte del gobierno nacional dejó a la provincia con la responsabilidad exclusiva de sostener los haberes, tensando al máximo las finanzas públicas.
La propuesta bonaerense del 3% rechazada por los gremios, un maestro de grado al inicio de su carrera cobraría $772.825 de bolsillo.
Mientras la FEB rechazó la oferta provincial por insuficiente, el SUTEBA de Roberto Baradel buscó enfocar el reclamo hacia el gobierno nacional, lo que dejó expuesta una tensión interna dentro del propio sindicalismo bonaerense.
A la protesta docente se sumaron otros sectores estatales. Los trabajadores judiciales bonaerenses se plegaron al paro, reclamando una propuesta salarial que equipare la inflación y recupere la pérdida de 2025, y exigiendo también la restitución de los fondos del Instituto de Previsión Social retenidos por la Nación.
El cuadro bonaerense termina de ilustrar la dinámica que se repite en todo el país, la caída de la coparticipación no solo afecta las cuentas provinciales, sino que reduce el margen de negociación salarial y convierte cada paritaria en un frente de conflicto nuevo.
Córdoba es otro ejemplo de ello. El paro docente de marzo tuvo un acatamiento cercano al 80% en escuelas estatales y privadas, con miles de docentes movilizados hacia la Legislatura y la Casa de Gobierno reclamando una nueva propuesta salarial.
El conflicto no se cerró ahí. El gobierno de Martín Llaryora admitió estar preparado para “un conflicto de largo aliento, de un mes y medio o dos meses” y reconoció que ya postergó obras públicas para redirigir recursos a la política salarial.
Llaryora señaló que la caída de la recaudación y el ajuste nacional están generando una asfixia sobre provincias y municipios.
“Hay provincias pidiendo adelantos de coparticipación para pagar sueldos”, advirtieron desde el Ejecutivo cordobés.
Por su parte, Santa Fe protagonizó otro episodio llamativo que no tiene antecedentes. Ante el rechazo gremial a la oferta salarial, el gobierno de Maximiliano Pullaro cerró la paritaria docente por decreto, argumentando que ya contaba con el aval de la mayoría de los sectores gremiales, estatales y salud, aunque los sindicatos docentes la habían rechazado.
Las protestas de trabajadores autoconvocados se replicaron durante semanas en localidades del sur de la provincia.
Corrientes, territorio de los hermanos Valdés, sumó otro frente temprano luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTECO) alertó que los docentes “no estarían iniciando las clases” ante la parálisis total en la negociación salarial.
Dicha provincia fue una de las varias que pidieron adelanto de coparticipación para pagar sueldos adeudados de la administración pública.
En Salta, la administración provincial avanzó con un plan de ajuste por 180 días que incluye recorte de gastos, congelamiento de sueldos políticos y freno a nuevas erogaciones.
La decisión no fue preventiva sino reactiva pues responde a la caída sostenida de ingresos por coparticipación, una variable que se repite en la mayoría de las provincias y que empieza a condicionar la política salarial.
En paralelo, Chaco atraviesa un conflicto persistente por el Fondo Estímulo que acumula meses sin resolución definitiva. Aun con fallos judiciales de por medio, el reclamo sigue abierto y erosiona la gestión, en un contexto donde los recursos no alcanzan para cerrar todos los frentes.
Pero donde la tensión escaló a un nivel más delicado fue en Jujuy. La protesta policial frente a la Casa de Gobierno, en medio de la negociación paritaria, marcó un nuevo punto de quiebre.
Las protestas iniciaron mientras el gobernador Carlos Sadir se encontraba en Nueva York, participando de la Argentina Week junto al presidente Javier Milei.
Lo que comenzó como una concentración de efectivos, familiares y personal retirado exigiendo una recomposición salarial del 50% y mejoras en condiciones laborales, escaló hasta que un grupo de manifestantes rompió una de las rejas de la Casa de Gobierno.
El ministro de Hacienda de la provincia, Federico Cardozo, se comprometió a no tomar represalias contra los efectivos. Sin embargo, el gobierno emitió un comunicado que acusó a “un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general”.
La propuesta final fue un aumento del 30% en tres cuotas de 10% cada una, más un bono del 2% por el Día del Trabajador.
El mapa se completa con conflictos de distinta intensidad pero misma raíz. En Río Negro, la falta de convocatoria a paritarias derivó en paros docentes y cortes que afectaron la circulación regional. En San Juan, las negociaciones siguen abiertas bajo estado de alerta gremial.
Por otra parte, en San Luis la tensión política tomó una forma más estructural. El gobernador Claudio Poggi pidió la renuncia a la totalidad de su gabinete como parte de un proceso de reorganización integral, con el objetivo de evaluar el desempeño de cada área y avanzar hacia una estructura más austera.
El mandatario aseguró que busca determinar quiénes están “realmente comprometidos con el cambio” y consolidar un equipo acorde a los objetivos de gestión.
La decisión no es aislada del contexto fiscal. La provincia acumula varios meses consecutivos de caída en los recursos de coparticipación nacional, lo que empujó al Ejecutivo a profundizar políticas de ajuste en el funcionamiento del Estado.
En paralelo al pedido de renuncias, Poggi envió a la Legislatura un proyecto de nueva Ley de Ministerios que contempla la reducción de cargos políticos y la reconfiguración del esquema administrativo, en sintonía con el enfoque de austeridad que atraviesa a varias provincias del país.
El otro eje del mensaje fue la economía privada. El gobernador remarcó que la prioridad de su gestión es acompañar la recuperación mediante herramientas que favorezcan al sector productivo y la generación de empleo, y defendió el rumbo de su administración señalando que recibió “una provincia fundida”.
Por otra parte, en Tierra del Fuego, la amenaza de medidas por tiempo indeterminado volvió a poner presión sobre la discusión salarial.
A ese esquema ahora se suma Santa Cruz, donde el conflicto tiene un componente adicional: la dependencia de los ingresos petroleros que están en caída tras el retiro de YPF de las cuencas maduras.
En las últimas semanas, los gremios del sector activaron medidas de fuerza ante la caída de la actividad y la incertidumbre sobre inversiones, lo que impacta directamente en las regalías.
En paralelo, los estatales de Chubut también presionan por reapertura de paritarias, sumando un segundo frente de conflicto.
Fuentes de la provincia aseguraron a El Cronista que no se interrumpió el dictado de clase, que llegó a un nivel de 97%. Además, aseguraron que las protestas venían de un sector de izquierda y que eran parte del cierre de paritarias.
“Me parece que hay gente dándole más magnitud de lo que verdaderamente tiene”, dijo una voz allegada al gobernador de la provincia.
En este sentido, indicaron que esta semana se acordará con médicos y servicios públicos seguramente.
El problema no es solo laboral sino fiscal, porque menor producción implica menos ingresos en una de sus principales fuentes de financiamiento.
Algo que fue admitido por distintos gobernadores y de hecho se tradujo en adelantos de coparticipación para varios de ellos, como es el caso de Raúl Jalil de Catamarca, con la intención de pagar sueldos.
El resultado es un cuadro cada vez más homogéneo entre provincias muy distintas. Existe menos margen fiscal, negociaciones salariales más duras y conflictos que empiezan a escalar en visibilidad.
La caída de la coparticipación ya no es un dato técnico, sino el telón de fondo de una nueva etapa de tensión política en los distritos.