La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) denunció hoy que el bloqueo realizado por ‘canillitas’ contra las plantas de La Nación y Clarín, además de la no distribución de diarios representa un “nuevo dique a la libertad de expresión”.
“Los bloqueos que impidieron la circulación de diarios de Capital Federal, en la madrugada de hoy, constituyen un gravísimo atentado al derecho de los ciudadanos a informarse por las fuentes que eligen”, señaló la entidad.
En un comunicado, consideró que el bloqueo representa “un delito penal que afecta una libertad esencial del orden constitucional, una premisa ineludible del sistema democrático”.
“Estas medidas de acción directa registran numerosos antecedentes en nuestro país. El año pasado hubo cinco bloqueos a diarios. Esta es la segunda vez, en los últimos tres meses, en que se lleva a cabo un avasallamiento que ha sido condenado categóricamente por la Justicia, la que ratificó que el derecho a manifestarse debe subordinarse a la libertad de prensa”, planteó.
Adepa sostuvo que los miembros del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, que “exigen a las empresas periodísticas un porcentaje mayor en las ventas, desconocieron los pronunciamientos judiciales y las disposiciones legales”.
“Ante esta circunstancia, las autoridades competentes y las fuerzas policiales deben garantizarles a las empresas y a los lectores afectados la protección de los derechos que han sido vulnerados. Sin embargo, al igual que en casos anteriores, la reacción frente al atropello fue la inacción policial y el silencio de las autoridades”, criticó.
SIP
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la protesta como ‘un nuevo ataque a la libertad de prensa en la Argentina‘. Y responsabilizó al Gobierno Nacional, al que acusó de ‘mirar para el costado‘ y de tener una ‘actitud pasiva‘ ante la situación.
“La acción de esos individuos es un ataque flagrante a la libertad de prensa, por cuanto unas cuantas personas se arrogaron el derecho de impedir a dos diarios llegar a sus lectores y, además, atentaron contra el derecho de los ciudadanos a recibir informaciones y opiniones que esos periódicos tenían para ofrecerles”, señaló el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.
“Si es grave que grupos corporativos actúen contra la ley y contra un derecho humano fundamental, mucho más lo es la conducta pasiva del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sistemáticamente mira para el costado cada vez que estos ataques se verifican”, añadió el periodista uruguayo. La entidad que nuclea a 1.300 editores de publicaciones gráficas de todo el continente destacó además en un comunicado que el sindicalista Omar Plaini, titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas ‘dijo estar seguro de que ’el Gobierno en esto nos está acompañando’”.
Según reflejó la SIP, el ataque se produjo contra ‘los diarios Clarín, La Nación y Perfil, los tres independientes del gobierno y castigados alevosamente con una distribución arbitraria de la publicidad oficial‘.