"El sistema institucional argentino ha sido empujado a una grave crisis, cuyo principal responsable es el Poder Ejecutivo Nacional: en efecto, el Gobierno, para lograr su confesado objetivo de desmembrar al Grupo Clarín, procura atropellar todo vestigio de independencia del Poder Judicial y sembrar el temor entre los jueces." Así comienza la editorial de hoy que publica el diario La Nación en su tapa, una fuerte crítica al rol del Gobierno y su accionar respecto a la Ley de Medios.
En este sentido, el texto habla sobre las formas en las que el kirchnerismo avanza sobre el grupo Clarin y la presión que realiza sobre la Justicia para cumplir con su cometido: "En el propósito de quebrantar al multimedio, el Gobierno no vacila en acudir a todas las estrategias que se puedan imaginar, ejerciendo abusivamente un poder que le ha sido conferido para otros fines y recurriendo a presiones que superan enormemente las que pudo haber efectuado, hasta ahora, cualquier otro gobierno democrático anterior. No sólo se trata de forzar a los jueces a que resuelvan en el único sentido que satisface al Poder Ejecutivo, sino que, intuyendo quiénes no se someterán a ello, se los pretende cambiar por otros magistrados nuevos."
Y luego enumera algunas de las últimas acciones realizadas por el Gobierno: "El Ejecutivo impulsó primero una infundada denuncia dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, dirigida a apartar a uno de sus consejeros, el camarista Ricardo Recondo, con el fin de obtener el quórum necesario para aprobar un concurso de selección de jueces para el fuero civil y comercial federal, cuyo trámite mereciera graves tachas de irregularidades, y poder seleccionar jueces afines a sus propósitos. No satisfecho con esto, el ministro de Justicia, Julio Alak, se transformó en el vocero de una catarata de denuncias penales. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro y el aval de la recientemente designada procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó una denuncia penal contra los cinco consejeros que representan hoy la minoría en el Consejo de la Magistratura, con el absurdo fundamento de que obstruirían el funcionamiento de ese cuerpo, como si opinar distinto ahora constituyese un delito. Y, hace unas horas, acaba de hacer lo mismo respecto del camarista Francisco de las Carreras, otro histórico juez de la Cámara Civil y Comercial, cuya conducta jamás ningún Gobierno había cuestionado."
El texto remarca también la imperiosa necesidad del oficialismo de parobar el per saltum, que le permitiría al Gobierno acudir directamente ante la Corte Suprema salteando la Cámara Civil y Comercial Federal. Una maniobra realizada frente al temor de que algún juez de grado pudiese resolver a favor de Clarín antes del emblemático 7 de diciembre.
Estas acciones, remarca la editorial, se suman a la campaña de desprestigio contra otros camaristas independientes.
"¿Para qué tanto desatino? Solamente para acelerar los tiempos para que el 7 de diciembre se cumpla con el objetivo cuasi militar de que entren en vigor efectivo los aspectos más decisivos y cuestionables de la ley de medios audiovisuales, aunque ello no ocurra en detrimento de todos los permisionarios, sino de uno solo, el Grupo Clarín. Después verá el Gobierno qué hace con el resto y de qué modo profundiza sus ataques contra la prensa escrita, a la que hostiliza y pretende intimidar con infinidad de recursos", reflexiona el texto.