En esta noticia
El fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, por presuntos gastos de índole particular realizados con tarjetas de crédito corporativas durante viajes al exterior.
El requerimiento de instrucción en la causa que se tramita ante el juez federal Daniel Rafecas, busca determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración” de la tarjeta corporativa de la empresa.
La investigación apunta al período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, tiempo durante el cual Reidel presidió el directorio de la compañía.
El fiscal también alcanzó con su presentación a “los integrantes del Directorio y de la Sindicatura” y a todos los titulares y usuarios de la tarjeta corporativa cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A.
En su escrito, González remarcó que Nucleoeléctrica es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Señaló que los miembros del directorio y la sindicatura habrían omitido sus deberes de control y autorización sobre los gastos.
Entre los gastos detectados figuran compras en free shops, pagos a una empresa de servicios de playa en Valencia, hoteles, pasajes de avión, indumentaria, transferencias por Mercado Pago y consumos en distintos países.
El reporte original no identificaba a los responsables de cada gasto ni detallaba si los consumos correspondían a un solo plástico o a tarjetas adicionales. Tampoco existía una rendición documentada del destino institucional de los fondos.
La diputada nacional Marcela Pagano, quien presentó la denuncia original, advirtió que los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos, incluso en el supuesto de que los viajes hubieran sido de carácter oficial.
Los gastos bajo la lupa: u$s 5975 + $ 1,1 millones en free shops, u$s 765 en el Pub El Pirata (Madrid), u$s 212 en servicios de playa de “Mar y Sombra SL” (Valencia) y $ 56 millones de adelantos en efectivo
La investigación apunta a posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal pidió incorporar el reporte cuestionado, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas.
González solicitó, además, que se informe “la cantidad de plásticos asociados a dicha cuenta, individualizando respecto de cada operación el plástico utilizado y su titular y/o usuario autorizado”.}
El informe de gestión que abrió la puerta a la investigación
El origen de la causa se remonta a un informe de gestión que el jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó en la Cámara de Diputados. Ese documento incluyó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”.
El reporte se elaboró en respuesta a un pedido de acceso a la información formulado por la diputada Florencia Carignano. Una vez conocido su contenido, la diputada Marcela Pagano formalizó la denuncia penal.
El fiscal González tomó ese informe como punto de partida e identificó consumos que, a su criterio, serían ajenos “al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.
A partir de allí, el fiscal impulsó el requerimiento de instrucción para que la Justicia establezca quiénes utilizaron la tarjeta, con qué autorización y si los gastos tuvieron justificación institucional. Todos esos puntos quedaron ahora bajo la lupa del juez Rafecas.