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A las puertas de las elecciones legislativas del próximo domingo, el tablero político argentino vuelve a girar alrededor de una pregunta que atraviesa al oficialismo: ¿podrá Javier Milei transformar la ola libertaria en poder parlamentario o deberá seguir gobernando desde la minoría?
A mitad de mandato, el presidente encara una elección clave para definir si podrá crecer o si se limitará a resistir en el Congreso que se conformará a partir del 10 de diciembre.
Desde que asumió, Milei convivió con una debilidad estructural: bloques chicos en ambas cámaras y una oposición mayoritaria que le trabó gran parte de su agenda.
Los decretos, los vetos y las negociaciones caso por caso fueron los únicos instrumentos de gobernabilidad en un Congreso que nunca terminó de aceptar su lógica de choque. La apuesta de estas legislativas es intentar revertir ese desequilibrio para poder encarar reformas estructurales vinculadas a lo fiscal, laboral y previsional, entre otros asuntos.
El objetivo oficial es claro: ampliar la base parlamentaria lo suficiente como para no depender todo el tiempo de aliados imprevisibles. Pero los números que se barajan en los despachos del Congreso y en las provincias muestran que, aun en su mejor escenario, el oficialismo seguirá lejos del control legislativo.
En Diputados, La Libertad Avanza podría duplicar su bancada actual -que hoy tiene 37 integrantes- y pasar a entre 60 y 80 diputados propios, según el resultado que obtenga en los principales distritos. Es un salto importante, pero no alcanza para el quórum de 129 ni para el tercio (86) que se necesita para blindar los vetos presidenciales. Con un bloque PRO que también se achica, Milei dependerá de un entramado de fuerzas provinciales, radicales dispersos y aliados "dialoguistas" para sostener la iniciativa legislativa.
El Senado ofrece un panorama similar. La Libertad Avanza hoy cuenta con apenas seis senadores, pero podría sumar entre ocho y doce más tras los comicios. Con eso, el bloque oficialista llegaría a entre 14 y 18 bancas, todavía muy lejos de los 37 necesarios para el quórum.
La oposición de Fuerza Patria también sufrirá una merma, pero seguirá siendo la primera minoría, con un piso de 28 y un techo de 32 miembros. La fragmentación restante -radicales, PRO, provinciales y monobloques- volverá a colocar a las alianzas circunstanciales como condición de supervivencia política.
Para Milei, lo que está en juego no es solo un número: es la capacidad de pasar de la resistencia legislativa a la construcción de poder. Durante su primer tramo de gobierno, el Congreso fue el principal obstáculo para sus reformas. Cada sesión se convirtió en una pulseada que dejó en evidencia la soledad del Ejecutivo. De ahí la obsesión del oficialismo por transformar el voto popular en músculo parlamentario.
En los hechos, el oficialismo se juega la posibilidad de tener por primera vez un Congreso "más transitable", aunque todavía sin mayoría. Un eventual crecimiento libertario, combinado con la pérdida de hegemonía del kirchnerismo, podría generar un nuevo equilibrio, con más espacio para la negociación política. Pero si los resultados no acompañan, Milei deberá enfrentar su segunda mitad de mandato con el mismo corsé: un Congreso fragmentado y una gobernabilidad atada al veto.
La incógnita pasa también por cómo se reacomodará el mapa opositor. El peronismo buscará retener su rol de bloque mayoritario, aunque replegado tras dos años de desgaste. El PRO llega dividido, con sectores alineados al oficialismo y otros que buscan marcar distancia. De acuerdo a una primera lectura desde el partido amarillo, la intención es mantenerse como un bloque aparte y seguir trabajando coordinadamente en interbloque.
En el radicalismo, la aparición de Provincias Unidas -espacio que agrupa a los gobernadores de seis provincias de peso- promete mover el tablero, ofreciendo una alternativa "del medio" entre Milei y el kirchnerismo, con la bandera de la defensa de los intereses federales.
El Congreso que emerja en diciembre será, en cualquier caso, más plural y menos predecible. Nadie tendrá el control absoluto y cada ley exigirá una ingeniería política compleja.
"A fumigar el Congreso, es un nido de ratas", fue uno de los mensajes de Milei en el inicio del año que dio la pauta de lo conflictiva que se anticipaba la relación con los legisladores.
En ambos casos, su margen de maniobra seguirá condicionado por la misma realidad: por más que crezca, La Libertad Avanza aún no tiene la fuerza suficiente para dominar el Congreso.
La pregunta de fondo, entonces, no es si el oficialismo ganará bancas, sino si logrará convertir esos escaños en gobernabilidad, en medio de las presiones de Estados Unidos por poder avanzar en ese sentido.
¿Qué leyes aprobó el Congreso en 2025?
Durante este año, el Congreso Nacional sancionó un conjunto relevante de leyes que marcaron la agenda política y social del año, aunque varias de ellas fueron luego vetadas total o parcialmente por el Poder Ejecutivo.
Entre las normas aprobadas figuran reformas de alto impacto institucional, como las promulgadas en febrero, durante extraordinarias: la suspensión de las PASO durante todo el año electoral; la incorporación del juicio en ausencia al Código Procesal Penal; la modificación del Código Penal para endurecer las figuras de reiterancia y reincidencia; y la llamada Ley Antimafias, destinada a combatir organizaciones criminales.
En mayo se ratificaron acuerdos internacionales, y en julio, el Congreso sancionó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, finalmente promulgada el 4 de septiembre tras un veto inicial y la insistencia de ambas cámaras parlamentarias.
En el segundo semestre se aprobaron otras normas de fuerte contenido social, como la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, la Emergencia Sanitaria Pediátrica y la Ley Nicolás de Calidad y Seguridad Sanitaria, sancionada en septiembre. Sin embargo, tanto la ley universitaria como la sanitaria fueron promulgadas con suspensión de su ejecución por falta de recursos, tal como sucedió con la emergencia en discapacidad.
A diferencia de 2024, cuando el Congreso mostró una actividad limitada pese a no ser un año electoral, 2025 se perfiló como un período intenso en términos legislativos, tanto por la cantidad como por la relevancia de las normas aprobadas.
Mientras el año anterior había cerrado con apenas once leyes sancionadas y dos vetadas, además de una treintena de tratados internacionales, el nuevo ciclo parlamentario exhibió una agenda más nutrida, con reformas estructurales en seguridad, justicia y política electoral, junto con leyes sociales de alto impacto.
La diferencia no solo radicó en el volumen de sesiones, sino también en la mayor iniciativa del Congreso para marcar su propia agenda, en contraste con un 2024 en el que el oficialismo había concentrado todos sus esfuerzos en la Ley Bases y el pacto fiscal, dejando poco margen para la negociación política y la producción legislativa ordinaria.