Class action, conexiones internacionales y pedidos de pruebas: el avance en las causas

Con su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei buscó dejar definitivamente atrás el episodio más escandaloso hasta hoy de su gobierno, el LIBRA gate. De momento, la Justicia local apenas ensaya unos primeros pedidos de prueba que no terminan por satisfacer a los denunciantes, por lo que evalúan redoblar la presión sobre la fiscalía. Pero es en Estados Unidos donde se concentran las mayores novedades y donde podría haber más movimientos en los próximos días. "Novedades hay muchas. La investigación está a fondo", comentó a El Cronista una fuente de un estudio de abogados vinculado a la demanda internacional. Sin embargo, allí la investigación transita con mayor sigilo y los resultados son de naturaleza confidencial. La investigación no es pública pero ciertas declaraciones política, como la del funcionario trumpista Mauricio Claver-Carone dan cuenta de que no todos en la Casa Blanca parecen dispuestos a mirar para otro lado. "Es complicado el hecho de que hubo víctimas, personas estadounidenses defraudadas, cientos -si no miles- que han perdido millones de dólares [con la criptomoneda $LIBRA]", señaló el enviado especial para América latina en una entrevista en la CNN. "El presidente Milei ha anunciado su propia investigación, que es apropiado. Creo que van a haber temas de investigaciones judiciales, es un tema complejo. Pero creo que es una buena lección para el presidente Milei, para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes", agregó. Hoy la demanda se encuentra en la etapa investigativa e involucra al FBI, las secciones de Crímenes y Fraudes Financieros del Departamento de Justicia y la sección Ciberdelitos de la SEC, el equivalente a la Comisión Nacional de Valores argentina. Si se comprueba la existencia de un delito y se reúnen las evidencias para sostener una demanda judicial, entonces el FBI acude a la Justicia a través del Fiscal General (US Attorney), dando intervención a un juez. De momento, las únicas noticias en público son las que surgen a partir de trascendidos e investigaciones periodísticas locales, como la que hizo The New York Times. Los contactos con diversos estudios locales que participan en la estrategia legal permiten, en simultáneo, exponer algunas de las principales hipótesis sobre las que se trabaja y a quiénes rozan, hasta tanto concluya la fase de la pesquisa. Según pudo reconstruir este medio, se han librado diversos oficios (subpoenas) para recabar información pública y se está investigando el rol de cada uno de los denunciados, lo que incluye -acorde a los denunciantes- a los empresarios Hayden, Gideon y Thomas Davis, a Julian Peh, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales a quien vinculan con Karina Milei. Respecto del Presidente, de momento, solo se pidió investigar en EE.UU. el rol que tuvo a través de su tuit. Ayer, la firma Burwick Law, que se especializa en litigios por estafas cripto, informó en sus redes sociales que preparan la primer class action por el LIBRA gate para presentarlo en Nueva York antes del 14 de abril. "La evidencia muestra que Kelsier Ventures, KIP, los proveedores de infraestructura y ciertos líderes de opinión clave (KOL) desempeñaron papeles clave en la promoción engañosa, la extracción de liquidez estructurada y los continuos movimientos de precios controlados por información privilegiada", indicaron en un extenso posteo. "Nuestro litigio sobre memecoin ha demostrado de forma consistente que los creadores de tokens y los insiders a menudo engañan a los influencers sobre la naturaleza de los proyectos que promueven. No creemos que la responsabilidad se extienda a aquellas personas que no participaron directamente en la estructuración o ejecución del plan", remarcaron. Antes que ello, el estudio Moyano y Asociados -también especializado en litigios por fraudes- había movilizado una denuncia penal en nombre de 40 personas afectadas y el dirigente Juan Grabois junto al diputado Itai Hagman hizo lo propio en paralelo a la presentación penal que hizo ante la Justicia de la Argentina -que sí incluyó a Javier Milei como parte de un entramado mayor- a través de una acción civil colectiva que nuclea también a un grupo de inversores afectados. Desde que se presentaron las primeras acciones legales luego del tuit presidencial del 14 de febrero, desde los Estados Unidos describen diversas medidas de investigación que incluye la notificación parcial de las personas sospechadas de participar de la presunta estafa. La dinámica contrasta con la velocidad de la Justicia argentina que demoró varios días en delegar la investigación en el fiscal Eduardo Taiano y, hasta el momento, no acepta que los denunciantes se conviertan en querellantes. El foco en el norte está puesto en millones de dólares depositados en cuatro wallets, una de las cuales se encuentra en manos de Hayden Davis, mientras que las otras tres se encuentran en manos de firmas. Los movimientos registrados en una de ellas encendieron las alarmas entre quienes siguen la denuncia. Lo que busca dilucidar la investigación en Estados Unidos en esta etapa primaria es quiénes manejan esas wallets y si podrían estar conectadas no solo a los Davis sino a algunas de las personas denunciadas en la Argentina como Morales, según una de las partes que inició demandas en aquel país. De momento, son solo hipótesis de investigación. Pero de comprobarse la conexión, podría tener ecos en la Justicia argentina. De hecho, una de las medidas de prueba fue investigar si las personas que figuran en la denuncia están relacionadas con alguna Exchange (plataformas de compra de criptomoneda) registrada o relacionada con Estados Unidos. Acorde a fuentes de los estudios de abogados que intervienen en el expediente, la respuesta habría sido positiva. De ser necesario -indicaron a El Cronista- se podría requerir el congelamiento de los fondos de esas wallets mediante mecanismos legales e informáticos. Sobre la base de las declaraciones de Claver-Carone y las del propio Javier Milei describiendo a miles de afectados en los Estados Unidos, una línea que evalúan los denunciantes de delitos penales y quienes promueven las class actions es converger en una estrategia combinada para aunar esfuerzos. El viernes, solo 24 horas antes del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias, se sumó un nuevo requerimiento del fiscal Eduardo Taiano dirigido a Diputados. Se trata de la versión taquigráfica y los datos de contacto de los especialistas que participaron de una jornada sobre criptomonedas la semana pasada en la Cámara de Diputados. Esa información, acorde a lo que pudo constatar este medio, ya se remitió en las horas siguientes a recibir el oficio y está en manos de la Fiscalía. Por lo que podría abrirle a Taiano nuevas estrategias de acceso a información, según las revelaciones de los especialistas, ya que determinadas pruebas no son públicas pero las empresas las retienen en su control y las pueden desbloquear ante una demanda de la Justicia. A lo largo del encuentro prevaleció la cautela en las exposiciones de los especialistas que, de todos modos, se mostraron muy precisos a la hora de demostrar que hay trazabilidad en el uso de las blockchain para las criptos por lo que se puede conocer qué cantidad de wallets intervinieron y cuándo hicieron las transacciones para dilucidar si hubo una operatoria coordinada o no en los minutos posteriores al tuit presidencial. Se determinó que incluso es factible requerir las identidades de los usuarios que intervinieron aunque en este caso solo la Justicia puede pedir a las empresas que entreguen esa información. "Esperamos que esta información contribuya a que la Fiscalía o el juzgado avancen en la determinación de la identidad y la responsabilidad de cada uno de los que participaron, incluyendo al Presidente", explicaron desde el entorno del diputado Pablo Carro a El Cronista. En rigor, el abogado Gregorio Dalbón ya había requerido que se secuestraran los celulares de Javier Milei, Karina Milei y el vocero presidencial, Manuel Adorni. En los próximos días, podría volver a la carga con nuevos pedidos en torno a las comunicaciones entre los sospechados de participar de la presunta maniobra de estafa. También Hagman y Grabois reclamaron unas 20 medidas de prueba al fiscal cuando presentaron su denuncia penal como ser los registros de ingresos a Casa Rosada, Quinta de Olivos y Hotel Libertador de personas que puedan estar relacionadas con el hecho y toda la información a disposición de la Comisión Nacional de Valores sobre estos actores y sus maniobras. La tercera denuncia penal que tomó estado público corrió por cuenta de Claudio Lozano (Unidad Popular), Jonatan Baldiviezo (fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad), Marcos Zelaya (abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías), y María Eva Koutsovitis (fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos). En su caso, solicitaron al fiscal desde el secuestro de todos los equipos electrónicos de las personas denunciadas hasta que se congelen los millones que Hayden Davis dice tener en su poder, correspondiente a dinero de "los argentinos". Ahora analizan entrar en contacto con el diputado español Gerardo Pisarello quien extendió la investigación ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a partir de la residencia parcial de Hayden Davis en aquel país. "Uno de los cómplices de Milei en esta actuación fue el estadounidense Hayden Mark Davis, CEO de la firma Kelsier Ventures, que se jactó de sobornar a la hermana del presidente argentino a cambio de que le facilitara estos negocios. Pues bien, según información publicada por el diario El Mundo y en otros portales digitales, este señor residiría parte del año en España, concretamente en Cataluña, junto a su padre, Tom Davis, condenado por fraude en Estados Unidos y miembro también de Kelsier Ventures", sostuvo en el escrito Pisarello. Según pudo saber El Cronista, no descartarían demandar el testimonio de Karina Milei aunque entienden que la investidura presidencial protege a su hermano de un proceso en el extranjero. Desde aquel 14 de febrero, cuando el Presidente publicó el tuit sobre la posibilidad de invertir en el memecoin LIBRA hasta el día de hoy, el Gobierno nacional ensayó diversas estrategias para desviar la conversación pública de la oscura operación con la criptomoneda hacia diversos tópicos de la agenda libertaria, donde el Ejecutivo se mueve con mayor soltura. También se ocupó de despegar al primer mandatario del escándalo, alegando que solo fue un tuit de difusión a partir de lo que describía como una buena oportunidad para que los emprendedores locales accedan a financiamiento. Conforme pasaron los días, el tema pareció diluirse en algunos de los medios nacionales mientras que otros mantuvieron el foco en la investigación posterior, tanto en la Argentina como en el exterior. Fue precisamente uno de esos artículos publicados en The New York Times el que habló de la conexión con personas cercanas al círculo presidencial del empresario Mauricio Novelli y los presuntos cobros a cambio acercar a los interesados al jefe de Estado. En ese contexto, la Justicia empezó a moverse con el regreso de Eduardo Taiano a su fiscalía, al término de su licencia, y luego que las denuncias recayeran en el juzgado de María Servini. La magistrada delegó la pesquisa en el fiscal que inició esta semana con las primeras medidas de prueba. Pero para los denunciantes locales todavía no hay medidas de pruebas requeridas a tono con la complejidad del delito denunciado. Temen que haya una intención de "dejar pasar el tiempo". En las últimas horas circuló la versión que el fiscal requeriría nuevas medidas de prueba, esta vez con foco en pruebas digitales clave las transacciones y la localización de activos. Coincidentemente con las pistas que se siguen en EE.UU., también giraría una serie de solicitudes de cooperación internacionalpara acceder a información de exchanges y entidades financieras que pudieron haber participado en la operatoria desde afuera de la Argentina.

Class action, conexiones internacionales y pedidos de pruebas: el avance en las causas

Mientras que la investigación circula con mayor sigilo en EE.UU., trascienden algunas de las principales pistas que se siguen en torno a los involucrados y su responsabilidad. La nueva estrategia que se baraja entre la denuncia penal y la demanda colectiva y las presiones en la Argentina

Mariano Beldyk

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