El Gobierno nacional derogó la normativa que durante más de 30 años obligaba a las escuelas privadas sin aportes estatales a solicitar autorización estatal para aumentar las cuotas y matrículas.
La decisión fue publicada con el Decreto 787/2025 en el Boletín Oficial, y establece que los institutos de enseñanza privada podrán fijar libremente el valor de sus aranceles sin necesidad de comunicar la decisión al Estado ni esperar su aprobación.
¿Qué dice la medida?
El decreto dispone la derogación del Decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles en la educación privada.
A partir de ahora, las instituciones educativas de gestión privada tendrán plena autonomía para definir el valor de las cuotas y matrículas, sin intervención estatal.
Según el texto oficial, la medida busca “resguardar el principio de libre contratación”, permitiendo a los colegios “definir sus políticas de precios y compensaciones en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
¿Por qué se tomó la decisión?
El Gobierno argumentó que la normativa anterior “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
Además, sostuvo que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.
La iniciativa alcanza a las escuelas privadas sin aportes estatales, que representan cerca del 6% del total de establecimientos educativos de la Argentina, aproximadamente 2000 instituciones distribuidas en todo el país.
Entre los fundamentos, se destacó que exigir la presentación anticipada de los montos “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
El decreto también señala que este mecanismo “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
Por último, el Gobierno advirtió que “el carácter predecible y fijo de las tarifas impuestas por el Estado puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización”.
Por su parte, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sumó argumentos. “Con esta actualización, los requerimientos y procesos para la educación pública de gestión privada quedan alineados con los del régimen federal vigente", explicaron.
“Rige para otras entidades educativas como son las Universidades o Institutos, que no están sujetos a la restricción que estipula el Decreto 2417/93 y nunca han tenido dificultades en su funcionamiento”, agregaron.
