Bajan el contrato de uno de los gremios más grandes del país con su obra social

La batalla entre la intervención dispuesta por el gobierno de Javier Milei a una de las obras sociales más grandes del país y el gremio que la conducía sigue destrabando nuevos niveles. En este caso, una decisión del administrador designado por el Ejecutivo que le quita el manejo a la dirección sindical de un mecanismo de gestión de servicios alegando millonarias irregularidades contractuales. De este modo, la dirección de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), en manos de Marcelo Petroni, rescindió un convenio millonario a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por sucesivos incumplimientos tanto en el servicio como en la transparencia de sus operaciones. Se trata de un acuerdo mediante el cual el gremio gestionaba las bocas de expendio para acceder a las prestaciones médicas de la obra social. "Un sistema obsoleto de entrega presencial de vales", ilustraron las autoridades de la intervención. "En cumplimiento del Decreto 1045/2024 y en el marco del plan de saneamiento institucional, OSPRERA ha dispuesto la rescisión del convenio", informaron. Acorde a fuentes de la actual conducción de OSPRERA, la decisión de dar marcha atrás con este convenio responde a "múltiples incumplimientos contractuales por parte del sindicato, la falta de controles adecuados sobre los recursos y el objetivo central de redireccionar los fondos hacia la salud de los afiliados". Desde UATRE, no respondieron a la consulta de El Cronista al momento de publicar este artículo. "El recorte no es contra los trabajadores de OSPRERA, sino contra un sistema opaco y costoso que no respondía a las necesidades reales de nuestros beneficiarios", sostuvo Petroni. El sistema vigente hasta ahora, además de ser catalogado de ineficiente, generaba un gasto mensual cercano a $700 millones que "ahora se destinarán exclusivamente a mejorar las prestaciones médicas de los trabajadores rurales", señalaron a este medio. Acorde a la conducción de la obra social, el nuevo esquema no implicará una reducción en los servicios sino un avance hacia "un modelo más accesible, moderno y eficiente" ya que el antiguo sistema de vales, exclusivamente a través de las bocas de expendio sindicales, se reemplazará por una nueva red de atención digital y telefónica. Este nuevo esquema descentralizado, permitirá que las y los afiliados accedan a sus prestaciones sin depender de intermediarios y con mayor equidad territorial, indicaron fuentes de la intervención. Incluirá un servicio de telemedicina para consultas desde cualquier computadora o celular y atención vía call center. Así y todo se mantendrá la entrega de vales en las delegaciones oficiales de OSPRERA, con control y trazabilidad directa de la obra social. Acorde a las autoridades dispuestas por el Ejecutivo, el foco está puesto en recuperar la sostenibilidad financiera de la obra social, luego de años de lo que describen como mala gestión con un pasivo superior a los $97 mil millones y un déficit operativo de más de $4 mil millones mensuales. En febrero pasado, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió a favor del Gobierno ante una medida cautelar que había interpuesto José Voytenco, el líder de UATRE, a partir de una puja legal que arrancó en 2024 con la intervención dispuesta desde el Ejecutivo nacional sobre OSPRERA.El secretario general de UATRE buscó resistir la decisión del Gobierno de avanzar sobre el control de la misma alegando falta de trasparencia y múltiples irregularidades. En calidad de presidente del Consejo Directivo de OSPRERA y secretario general de UATRE, Voytenco interpuso un pedido de medida cautelar contra el decreto N° 1054/2024 por el cual se designó a Marcelo Carlos Petroni como interventor y todos los actos administrativos previos que abrieron camino a esa decisión, empezando por la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud RESOL-2024-3948 -APNSSS#MS, del 26 de octubre de 2024. A la vez, el dirigente gremial ruralista reclamó con ese recurso que la Cámara reponga las autoridades originales de la OSPRERA y "se libre oficio al Banco de la Nación Argentina -y toda entidad bancaria que corresponda- comunicando dicha circunstancia". Sin embargo, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió rechazar la cautelar en línea con el dictamen del fiscal general interino. Y resolvió no dar curso a la cautelar solicitada aunque aclaró que se reservaba aún su decisión sobre la cuestión de fondo. "Este Tribunal considera que la medida cautelar peticionada no resulta prima facie procedente, por lo que corresponde su desestimación, sin que la iniciativa implique sentar posición definitiva sobre el fondo del asunto y la controversia que subyace, sino -simplemente- desestimar la medida solicitada", aclaró el tribunal de alzada. Desde el Gobierno remarcaron que este fallo representa "un fuerte respaldo institucional a la labor que viene desarrollando la intervención para recuperar y transparentar la gestión de OSPRERA, afectada por graves irregularidades y una deuda que supera los $97.889 millones, originada en la gestión de Voytenko". Entonces, desde el gremio, también evitaron manifestar opiniones sobre la decisión de la Cámara.

Bajan el contrato de uno de los gremios más grandes del país con su obra social

La intervención dispuesta por el gobierno de Javier Milei dio un paso más en su batalla con las autoridades del gremio de estibadores trabajadores rurales. Cómo será el nuevo esquema para acceder a los servicios médicos

Mariano Beldyk

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