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Mientras la guerra en Medio Oriente empuja el precio del petróleo hacia arriba y genera una crisis en la mayoría de las economías del mundo, Argentina ocupa un lugar inusual en el mapa: el de “ganadora”. Los países destinan más divisas para importar energía y algunos enfrentan desabastecimientos. Fue justamente lo que vivió Argentina hace sólo 4 años, en 2022, durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy pasa lo contrario: el dólar ni se enteró de que hay una guerra que lleva dos meses y el superávit comercial es récord.

Detrás de ese giro hay una clave: la energía. Más allá de que los últimos 4 gobiernos tuvieron políticas diametralmente opuestas, hubo continuidad en la política energética en fomentar Vaca Muerta.

Para el Gobierno actual, Argentina “ganadora” de la guerra ocurre por el RIGI y la ley bases. Para el anterior, por el gasoducto Néstor Kirchner. Para el kirchnerismo, por la expropiación de YPF. Para el macrismo, por el pacto social entre empresarios y sindicatos. ¿Quién tiene razón? ¿Y si fue la sumatoria de todo?

El éxito energético en números

El FMI felicitó a Argentina en esta materia. En el comunicado en el que aprueban la revisión del acuerdo, el organismo aseguró: “Argentina sigue atravesando relativamente bien los efectos indirectos de la guerra en Medio Oriente, gracias a las mejoras en sus fundamentos macroeconómicos, y a su condición de exportador neto de energía”.

Los datos muestran el cambio de régimen. En el primer trimestre de 2026, la balanza comercial energética acumuló un superávit de u$s 2405 millones, el más alto de la historia para ese período. Solo en marzo, el saldo positivo superó los u$s 1090 millones, también récord mensual. Se trata de la diferencia entre lo que Argentina exporta e importa en energía.

Las exportaciones energéticas crecieron 23,3% interanual, mientras que las importaciones cayeron 38,5%. Y estos datos todavía no captan el efecto precio de la guerra, debido a que el petróleo se disparó 50% en marzo, pero las exportaciones de ese mes ya habían sido vendidas con el precio del barril a u$s 70 dólares de febrero. Ahora hace semanas que no baja de los u$s 100.

El 2025 ya había anticipado la tendencia: el año cerró con un superávit energético de u$s 7815 millones, el mayor desde que existen registros. Para este año se espera que supere los u$s 13.000 millones. En 2013, ese saldo era negativo por u$s 7000 millones. En 2022 fue negativo en - u$s 5000 millones.

En menos de una década, la energía pasó de ser un problema para la cuenta externa a ser parte de la solución. Pero este resultado no es un punto de partida. Es un punto de llegada. Una serie de varias temporadas. ¿Cómo se llega a ser un país exportador neto de energía?

Evolución de exportaciones e importaciones de energía. Por Ángela Campanaro

La historia que nadie cuenta completa

Cada gobierno reivindica este resultado como propio. Ninguno miente del todo. Ninguno tiene razón del todo. Lo que hoy permite a Argentina exportar energía en plena guerra es haber mantenido una política de Estado en torno a Vaca Muerta.

El recorrido es largo, pero podría resumirse en algunos hitos:

Medidas con impacto en Vaca Muerta, según los diferentes gobiernos

El descubrimiento. En 2010 se perfora el primer pozo de shale gas y tight oil. Lo hizo YPF, en ese momento en manos de la española Repsol. En 2011 se anuncia oficialmente el descubrimiento de Vaca Muerta. Desde 1931 que se había hecho el descubrimiento geológico, pero se confirma que es un recurso de clase mundial. Argentina deja de ser un país sin energía suficiente para convertirse en uno con potencial, debido a contar con la segunda reserva no convencional más grande del mundo en gas y la cuarta en petróleo.

El punto de partida. En 2012, una de las primeras decisiones del segundo gobierno de Cristina Kirchner es expropiar YPF y recuperar el control de la compañía. Es un contrafáctico plantear si sacando esa decisión se hubiera desarrollado Vaca Muerta. Hoy son los privados los que exploran nuevos negocios, como el GNL, antes que YPF. Pero en lo concreto fue YPF la primera en “desriskear” Vaca Muerta, esto es, invertir primero y reducir el riesgo.

Cambio de modelo. Con la expropiación, YPF dejó de repartir dividendos, pasó a destinar todo en inversión y se dio cuenta que había que descongelar precios de combustibles. La definición fue tener un management profesional a cargo de Miguel Galuccio. En 2013, el acuerdo del kirchnerismo con la petrolera estadounidense Chevron permitió pasar de la fase exploratoria a un desarrollo a escala, incorporando tecnología y financiamiento externo. En 2014, la Ley de Hidrocarburos para no convencionales da un marco regulatorio específico para el sector.

Competitividad y productividad. Con el cambio de gobierno en 2015, la gestión de Mauricio Macri introdujo otro elemento: la competitividad. Se establece un precio mínimo para el gas para incentivar la producción, pero sobre todo se firmó en 2017 un acuerdo de productividad entre empresas, sindicatos y provincias. Incluso una reforma laboral para los trabajadores de Vaca Muerta. Las petroleras se comprometieron a inviertir u$s 5000 millones por año. Ese pacto redujo costos operativos y permitió que el shale argentino empiece a competir a nivel internacional.

Infraestructura. El siguiente cuello de botella era la falta de infraestructura. Durante el gobierno de Alberto Fernández se implementó el Plan Gas, para garantizar precios y contratos a largo plazo para sostener la inversión. Pero el hito fue la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner en tiempo récord, que permitió transportar el gas desde Neuquén hacia los centros de consumo. Tuvo sus demoras: la licitación ya había sido lanzada en 2019 con Macri, y recién en la guerra Rusia – Ucrania, cuando las importaciones de energía estallaron, se tomó conciencia de que había que acelerar la obra. Sin ese gasoducto, gran parte del aumento de producción no se hubiera podido aprovechar y el país seguiría importando energía en grandes magnitudes. Queda para otro debate si debería haber sido con financiamiento público o privado.

Reglas claras y escala. Con la llegada de Javier Milei, el foco pasó a la atracción de grandes inversiones y a que haya reglas claras. La aprobación del RIGI y la Ley Bases apuntó a dar estabilidad fiscal y cambiaria a proyectos de largo plazo. Los primeros datos ya muestran impacto: comenzaron a ingresar dólares de inversiones energéticas en proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Sur o el de Southern Energy para GNL.

Cada uno de estos hitos, por separado, no alcanza. En conjunto, explican bastante. Ahora el Gobierno proyecta que el complejo energético y minero podría generar un superávit de u$s 45.000 millones hacia 2030, con posibilidad de escalar a u$s 60.000–75.000 millones hacia 2035.