Con el foco puesto en las denuncias radicadas en Estados Unidos por el caso $LIBRA, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados acelera definiciones y prepara el envío de documentación a la justicia norteamericana. Las nuevas pruebas difundidas en los últimos días reavivaron la hipótesis de responsabilidades personales del presidente Javier Milei y su entorno. En ese marco, crece la expectativa sobre el alcance que podrían tener las investigaciones fuera del país y su impacto institucional.
Las acusaciones incluyen presuntos contratos millonarios y registros de comunicaciones previas al lanzamiento del token.
Según confirmaron en diálogo con El Cronista fuentes legislativas, al presentarse nuevas pruebas, las querellas de damnificados en Estados Unidos habrían tomado contacto con la Comisión para obtener el informe membretado de los resultados que esta consiguió.
Si bien el informe de los legisladores no contiene la nueva evidencia, porque fue elaborado con antelación a la última información difundida, sí podría servir para que continúe el proceso legal en ese país.
La Comisión investigadora por el momento ha quedado desactivada al cumplirse sus funciones y para proseguir con sus tareas necesitan conseguir una mayoría simple en la Cámara de Diputados, cosa bastante difícil dado los números favorables al gobierno tras las elecciones de medio término.
En este sentido, el diputado de Unión por la Patria y uno de los miembros de la Comisión, Juan Marino, dialogó con este medio sobre cómo continuará el proceso.
- Las denuncias que vienen de Estados Unidos, ¿tienen posibilidad de prosperar? ¿Podrían llamar a declarar a Javier Milei?
- Podría ser. La justicia estadounidense podría avanzar en responsabilidades penales personales, incluso del propio presidente, porque esto fue una estafa a escala internacional con damnificados también en Estados Unidos. Para nosotros es importante, cuando decimos que vamos a remitir copia certificada de nuestras actuaciones a las partes involucradas en ese país, deslindar a la República Argentina y al Estado Nacional de la actitud de Javier Milei y Karina Milei, que habrían malversado la investidura presidencial y recursos del gobierno para una presunta estafa con beneficiarios privados. No puede verse afectada la credibilidad del Estado argentino. Desde el Poder Legislativo estamos tratando de salvaguardar los intereses de la República, a pesar de la actuación del presidente.
- ¿La legislación norteamericana contempla a Milei como presidente o como ciudadano?
- Eso va a depender de las características de las eventuales denuncias y de la evaluación que hagan los funcionarios judiciales. Por lo pronto, hay una resolución provisoria de la jueza Rochón que nosotros consideramos en el informe final de la comisión investigadora. Allí planteó que rechazaba la hipótesis de que los fondos estuvieran en manos del Estado argentino y que, por el contrario, la hipótesis más probable, según ella, es que estén en posesión personal de Javier y Karina Milei, algo que debería investigarse.
- ¿Qué pasos concretos va a tomar la comisión en relación con los requerimientos que vienen de las querellas en Estados Unidos?
- Vamos a remitir copia certificada de todas nuestras actuaciones para que puedan ser consideradas en las investigaciones que ya están en curso. La prioridad es dejar en claro que se trata de eventuales responsabilidades individuales y no del Estado argentino. Al mismo tiempo, buscamos que se avance en esclarecer si hubo una maniobra con beneficiarios privados utilizando la investidura presidencial.
— ¿Qué creés que puede pasar en el Congreso con estas nuevas pruebas?
— Nosotros vamos a presentar proyectos de interpelación a (Manuel) Adorni y a Karina Milei para que vengan a dar explicaciones, y también pedidos de informes por escrito para que la propia Presidencia responda qué habló Milei con Mauricio Novelli minutos antes y después del lanzamiento del token Libra, y qué tiene para decir sobre el contrato por cinco millones de dólares que se conoció en distintos medios. Ahí el resto de los bloques tendrá la oportunidad de pronunciarse. Si dicen que Milei es inocente, entonces que impulsen una investigación y lo demuestren. Cuando rechazan investigar, se están autoincriminando.
— ¿Puede impactar esto en el apoyo político que hoy mantiene el Gobierno?
- Debería. Los gobernadores tienen que evaluar no solo la situación económica de sus provincias, sino también la gravedad institucional de estos hechos. La combinación de crisis económica, caída de la popularidad y denuncias de corrupción configura un escenario donde sostener ese respaldo se vuelve cada vez más difícil de justificar.
Con la mirada puesta en los tribunales de Estados Unidos, los diputados juegan a que la masificación del caso tuerza algunas voluntades de ciertos gobernadores hoy aliados al gobierno nacional, y de esta manera se reactive la investigación.
Aun así, fuentes calificadas han admitido en diálogo con este medio que es muy poco probable que eso ocurra antes de mitad de año, una vez que vuelva el espíritu electoral a las provincias.