En un contexto de fuerte retracción económica y emergencia social, el gobierno de Alberto Fernández perfila una política en materia de seguridad comprensiva y dialoguista hacia la protesta callejera que promete diferenciarse diametralmente de la que hasta ahora ejecutó desde la cartera ministerial Patricia Bullrich.

En ese tono, desde las esferas que trabajan en el programa de gobierno ya hablan del regreso de la "doctrina Kirchner" en materia de contención de la protesta social, lo cual implicará no responder con represión, sino con voluntad de diálogo ante las movilizaciones de los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras, que tienen en sus manos buena parte de responsabilidad en llegar a una transición y a un "diciembre tranquilo", sin grandes expresiones de descontento en tanto esperan ser beneficiarias de la etapa que se abrirá con el regreso de un peronista a la Casa Rosada.

Por sugerencia de sus equipos técnicos, Fernández pretende reducir drásticamente la presencia de las fuerzas federales de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal Argentina, la Gendarmería y la Prefectura quedarían así confinadas a las áreas que hoy controlan, como ser la custodia de dependencias públicas, el área de Puerto Madero y la Villa 1-11-14, en el sur de la Ciudad. La responsabilidad, así las cosas, será exclusiva de la Policía de la Ciudad, bajo administración política del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

103.000 millones de pesos están proyectados para promoción y asistencia social el próximo año.

Todavía es un interrogante acerca de cómo responder frente a un intento piquetero de interrumpir la circulación en rutas, frente a zonas limítrofes entre provincias, o bien cuando se trata de manifestaciones que tienen por blanco infraestructuras críticas para la seguridad nacional.

Como contrapartida, la "doctrina Kirchner" implica el despliegue de cierto "músculo negociador" con los movimientos sociales, para la cual se perfilan la actual concejal platense Victoria Tolosa Paz, esposa del empresario Enrique "Pepe" Albistur, a quien se menciona liderando el Consejo Económico y Social propuesto en campaña.

En esa tarea también cooperarían Daniel Arroyo en caso de ser confirmado como ministro de Desarrollo Social, aunque la negociación cara a cara con los sectores combativos caería en manos de Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita y ex secretario de Organizaciones Territoriales del PJ.