La investigación judicial sobre el patrimonio y las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza hacia un punto de inflexión con la declaración de dos testigos clave: las mujeres que figuran como prestamistas en una de las hipotecas que mantiene el funcionario.
Se trata de Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria María José Cancio, quienes se presentaron esta mañana en los tribunales de Comodoro Py sin hacer declaraciones ante la prensa. Ambas deberán prestar testimonio bajo juramento en el expediente que instruye el juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
Préstamos bajo análisis
Madre e hija aparecen como acreedoras de un préstamo por U$S 100.000 otorgado a Adorni, respaldado por una hipoteca sobre un departamento ubicado en Parque Chacabuco. Según consta en la causa, Molina —policía retirada— habría aportado U$S 85.000, mientras que Cancio —en actividad dentro de la fuerza— habría completado los U$S 15.000 restantes.
La Justicia busca determinar si ambas contaban con capacidad económica suficiente para otorgar ese financiamiento. En ese marco, el magistrado ordenó levantar el secreto fiscal y requirió información a ARCA sobre su situación patrimonial y financiera.
El objetivo es establecer la “existencia, magnitud y sustento económico” de los créditos y garantías vinculados a las operaciones inmobiliarias del funcionario, en un expediente que pone el foco en el origen de los fondos utilizados.
De acuerdo con la escritura, la devolución del préstamo se habría pactado a dos años, con una tasa de interés del 11% anual y pagos mensuales. La garantía fue una propiedad a nombre de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Según surge de la investigación, esos fondos habrían sido destinados a la compra de una vivienda en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, en noviembre de 2024.
Más testimonios en agenda
El expediente continuará avanzando en los próximos días. Está previsto que el miércoles declaren otras dos testigos: Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes participaron en otra operación inmobiliaria del jefe de Gabinete.
En ese caso, le vendieron a Adorni un departamento en Caballito mediante una hipoteca entre privados: el funcionario abonó U$S 30.000 al momento de la escritura y quedó adeudando U$S 200.000, a cancelar en noviembre próximo y sin intereses.
Con estas declaraciones, la causa busca consolidar pruebas sobre el circuito de financiamiento utilizado por el funcionario y determinar si existieron inconsistencias en la justificación de su patrimonio.