El Gobierno nacional dio un paso más en su política de control sobre las comunicaciones y el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles federales.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó la Resolución 300/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que obliga a las empresas de telefonía móvil a bloquear celulares, tarjetas SIM y líneas telefónicas detectadas en funcionamiento dentro de establecimientos penitenciarios federales.
La medida se suma a la Resolución 336/2026 que el Ministerio de Seguridad había dictado semanas atrás y completa así un esquema de doble cerrojo normativo sobre el uso de teléfonos en prisión.
La decisión apunta a impedir que internos utilicen dispositivos móviles para coordinar delitos, realizar estafas, extorsiones o mantener comunicaciones ilegales desde prisión. Según se detalla en la norma, la medida busca evitar que organizaciones criminales operen desde las cárceles, ya que el uso de celulares les permite planificar y coordinar maniobras ilícitas desde el interior de los penales.
El corazón técnico de la nueva normativa es la incorporación del concepto de IMSI al sistema de bloqueo.
El IMEI es el código único que identifica físicamente a un teléfono celular, mientras que el IMSI identifica a la tarjeta SIM y al abonado de la red móvil. La diferencia es relevante: bloquear únicamente el IMEI inutiliza el aparato, pero bloquear también el IMSI impide que la tarjeta SIM pueda utilizarse en cualquier otro equipo y en cualquier red móvil, incluso fuera del país.
El mecanismo funcionará de la siguiente manera: el Servicio Penitenciario Federal detectará dispositivos activos dentro de las cárceles, el Ministerio de Seguridad remitirá los datos a las empresas telefónicas, y las compañías deberán ejecutar el bloqueo del equipo, la SIM y la línea asociada, conservando registros completos de las acciones realizadas.
La medida alcanza a todas las prestadoras de telefonía móvil que operan en el país, entre ellas Telecom Argentina, AMX Argentina y Telefónica Móviles Argentina.
La norma también retoma un viejo problema vinculado a los inhibidores de señal: durante años hubo denuncias por interferencias en barrios linderos a cárceles federales. Por eso, la nueva regulación insiste en que los bloqueos deben limitarse exclusivamente al ámbito penitenciario y no afectar a terceros ajenos a los penales.