El gabinete económico de Alberto Fernández ya se dio cuenta de que deseo y realidad pueden ser dos rectas que nunca se crucen. A juzgar por muchas de las medidas adoptadas para controlar los precios durante la cuarentena obligatoria, la inflación de marzo debería haber estado mucho más cerca de los valores de enero y febrero, que del 3,3% que finalmente informó el Indec. Pero ya se sabe: en la Argentina la inflación es una mancha difícil de desterrar. No basta con revestir la pared si la filtración sigue.
Una parte del problema nace en la visión histórica que tiene el peronismo sobre la economía, basada en la preeminencia del Estado sobre el mercado como unidad ordenadora. Como decía Cristina Kirchner, la política debe mandar sobre la economía y no a la inversa. Se trata de una tesis que no es universal, ya que los países que están en condiciones de aplicarla con éxito son pocos. China es un ejemplo de ello.
Es entendible que el Gobierno no quiera renunciar a esta aspiración. Al fin y al cabo, es en lo que cree. El punto es si lo que espera de los controles es un congelamiento de las subas o una moderación.
Los precios máximos parten de la idea de que la sociedad está dividida entre consumidores y productores de bienes y servicios. El Gobierno abona la teoría de que los precios suben por la avaricia de unos pocos en desmedro del ingreso de muchos. Y por eso hay inspectores de Comercio, gobernadores, intendentes y personas de a pie (ahora con la tecnología como aliada) que salen a cazar infractores.
El Presidente razona: si no suben ni la luz, ni el gas ni las naftas (entendidos como los grandes genéricos del costo industrial) no deben subir los precios. Menos si hay capacidad ociosa.
Pero está a la vista que las variables que determinan el sendero de la inflación son mucho más complejas. Incluso hasta es más difícil medirla, porque la cuarentena incide: hay menos bocas abiertas, más presión de demanda de determinados bienes, trabas para la circulación de fabricantes que traen insumos de otras provincias, menos oferta porque hay sectores completos que no pueden trabajar. Ni hablar de la incertidumbre sobre el financiamiento, los cobros o el tipo de cambio. Todos esos dados no están en el cubilete que mira un inspector municipal.
La inflación se puede controlar, como prueba el hecho de que la lista de países que la padecen es relativamente corta. Pero para ello hace falta actuar más desde la economía que desde la política, algo que también debería suceder en el terreno de la deuda.
Dejar que todo quede librado al arbitrio del mercado, sin siquiera generar una mínima coordinación de expectativas dentro del gobierno y con el sector privado (como le pasó a Mauricio Macri), no funcionó. Pero pretender controlar todo y no conseguirlo, también tiene un costo. Eso es lo que se verá con los datos de abril.