La primera jugada política del año que ensayó Alberto Fernández generó un poco de desconcierto. El pedido de juicio político a Horacio Rosatti, el titular de la Corte Suprema de Justicia, implica en los hechos retomar el discurso duro que exhibió después del fallo del tribunal que favoreció a la Ciudad en la disputa por la coparticipación.
El Presidente había hecho un giro hace apenas una semana: después de asegurar que la sentencia que el máximo tribunal emitió antes de la Navidad era incumplible, ofreció al gobierno de la Ciudad pagar en bonos hasta que el Congreso acuerde una reasignación del Presupuesto 2023.
El anuncio que hizo ayer, antes de viajar a Brasilia a la asunción de Luiz Inacio Lula Da Silva, equivale a retroceder al punto de partida. A primera vista, parece un gesto destinado al kirchnerismo, que quedó herido por el cambio de postura presidencial. De hecho, en su última aparición pública, la Vicepresidenta hizo una alusión crítica a ese movimiento: señaló que había sido ejecutado por la "agrupación amague y recule".
Fernández sabe que es casi improbable que el pedido de juicio político prospere, de la misma forma que no lo hizo la reforma que promovió el FdT para ampliar la composición de la Corte.
El jueves pasado, el propio Alberto hizo saber a través de algunos de sus colaboradores, que esperaba conseguir en 2023 un espacio de diálogo con la oposición y los empresarios, para poder impulsar diez políticas de Estado que sostengan su último año de gestión. Sus declaraciones de ayer no resultan congruentes con el espíritu de esa jugada. Parecen, en cambio, una forma de dejar atrás la seguidilla de renuncias que trascendieron el último día hábil del año, encabezadas por la salida de Victoria Donda, que dejó sobre la mesa una durísima carta de despedida.
Algunos analistas se preguntaban ayer si Alberto todavía se ilusiona con pelear su reelección. Dentro de la propia Casa Rosada no le ven mucha chance a esa carta, y por eso lo que se plantea es que el ataque a la Corte (que reforzó Cristina vía Twitter, asegurando que los jueces buscan favorecer a las corporaciones que controlan los precios de alimentos) va a ser argumento central de la pelea electoral.
Al parecer, el oficialismo encontró una fuente de filtraciones ilegales con la que espera seguir castigando a su enemigo favorito, la tríada que forman jueces, empresarios y opositores. Está claro que no le preocupa ese origen, pero no percibe que el débil apego a las reglas institucionales que esto demuestra, sumado a sus zigzag, a la larga resta más de lo que suma.