La matriz de decisiones económicas del Gobierno está innegablemente sesgada por la política. La ley que impone el traslado de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación es una clara muestra de ello. El cambio tiene un perjuicio claro para los porteños, porque la entidad que aplica las políticas de fomento para el distrito perderá una cuota importante de fondeo. Pero al Ejecutivo eso no le importa: considera que por su mayor capacidad económica los habitantes de la Capital casi no necesitan crédito, oferta que igual estará disponible en el Nación. Como si fuese poco, le resta a Mauricio Macri la chance de capitalizar políticamente los préstamos. Cierre perfecto.
Para el kirchnerismo fortalecer al Estado es un objetivo casi excluyente. Al pasar fondos al Nación, el Gobierno también eleva su capacidad de prestar al Tesoro (es proporcional a sus depósitos). Esa meta no desata críticas puristas en el empresariado, que en cambio si reacciona frente a la desaprensión que siente el oficialismo por la inversión privada, actitud que no llega a ser reemplazada por la obligación impuesta a los bancos de elevar el crédito productivo.
Los controles cambiarios y el desconocimiento de marcos institucionales como el Ciadi no ayudan. El Ejecutivo quiere dólares, pero solo los que acepten sus reglas.