Parece una broma de mal gusto pero no lo es. La Argentina se debe a sí misma que sus dirigentes tomen decisiones más contundentes para superar la crisis moral e institucional que atraviesa a toda la sociedad. Hoy, la denuncia del fiscal Alberto Nisman por la causa AMIA no tiene juez porque los magistrados Ariel Lijo y Daniel Rafecas se declararon incompetentes. También está pendiente la designación de los fiscales que deben continuar con su investigación que involucraba a la Presidenta y al Canciller.
El Estado ausente no termina allí. La fiscal que investiga la muerte dudosa de Nisman ya avisó que se irá de vacaciones el 18 de febrero y ya se sabe que la reemplazarán investigadores cercanos políticamente al Gobierno. Todo en un escenario rodeado de sospechas y un Ministerio Público que, en lugar de ofrecer garantías judiciales, interfiere desembozadamente para condicionar el trabajo de los fiscales.
Si a eso le agregamos un jefe de gabinete que rompe páginas de los diarios en público y una Presidenta que lanza sospechas contra los ciudadanos por cadena nacional, tendremos una pintura grotesca que explica porqué la Argentina sigue empantanada sin poder escapar de sus propias miserias.