Declaración de la emergencia económica, delegación de facultades al Poder Ejecutivo, suspensión de la movilidad jubilatoria, aumento de las retenciones para la soja, el trigo y el maíz, elevación de la alícuota de Bienes Personales.La enumeración describe una agenda conocida y repetida hasta el hartazgo en las últimas semanas. Pero hay un detalle que en la Argentina pendular viene bien recordar: no se trata de los puntos conflictivos de la ley Bases de Javier Milei, sino los ejes centrales de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el proyecto ómnibus con el que arrancó su gestión Alberto Fernández hace cuatro años.
Si le quitamos al debate actual el componente desregulador, lo que queda a la vista es que, en esencia, la pelea es por lo mismo. Las herramientas son las mismas, los argumentos para defenderlas también. Pero los votos no.
Alberto Fernández tuvo más suerte que Milei. Pudo conseguir una mayoría legislativa con menos esfuerzo, y particularmente, en menos tiempo. La discusión en la Cámara de Diputados arrancó el 19 de diciembre y el Senado sancionó la norma el 21. A poco más de diez días de asumir, el Presidente ya tenía la ley para el ajuste fiscal con el que comenzó su gestión.
El oficialismo contaba con 117 diputados, y sumó el respaldo del Interbloque Federal (integrado por lavagnistas, peronistas cordobeses y socialistas santafesinos). Tras 15 horas de debate -un rango que ya era maratónico- se aprobó con 134 votos a favor y 110 en contra. Las retenciones a la soja, que pasaron a 33%, no fueron apoyadas por los representantes de las provincias agropecuarias.
A Javier Milei y a los senadores de LLA les puede resultar instructivo repasar los diarios de sesiones de hace cuatro años. Eso permitiría contrastar los argumentos de Máximo Kirchner (que como jefe de bloque dio el discurso final) a favor de las facultades delegadas. O repasar las razones de Carlos Caserío, jefe de los senadores del FdT, quien justificaba el ajuste para actuar frente a una pobreza de 40%. La lectura de los discursos también aportará la visión contraria a estos pedidos hecha por los legisladores de Cambiemos. Nadie escapa a este círculo vicioso.
La gestión de Mauricio Macri había dejado un déficit primario de 0,9%, y un financiero mayor a 4%. Fernández engordó la cuenta: el rojo primario de 2023 fue de 2,9%, el triple del que heredó.
Esa ley creó el impuesto PAIS, hoy nuevamente en debate. Asignaba 70% para cubrir prestaciones de ANSeS y el PAMI. El 30% restante fue a un fideicomiso para financiar vivienda social. Sus impulsores no deberían rasgarse las vestiduras por actualizar este reparto.