Teniendo en cuenta que la buena salud financiera de una economía se estima en base al cociente entre la cartera irregular del sistema financiero (consumo + comercial) y el total de las financiaciones otorgadas por el mismo a una fecha determinada, puede afirmarse que nuestro país ya se encontraba en una situación frágil al inicio de este año y que ésta se agravó aún más debido al impacto de la emergencia sanitaria.

Basta señalar que, en los últimos tres años, se triplicó el porcentaje de la cartera irregular de los bancos. Dicha proporción viene creciendo, acompañando el contexto recesivo del país: representaba el 1,68% del total de las financiaciones bancarias en diciembre de 2017, aumentó luego al 2,84% en diciembre de 2018 y ascendió al 5,40% en igual mes del año pasado.

El recupero de la mora que afecta a sus carteras comerciales, a consecuencia de la emergencia, implica para las empresas una evidente prioridad y un enorme desafío, dado que la incobrabilidad supone la reducción de sus capitales de trabajo y la disminución de sus capacidades operativas. Y la dificultad de la tarea se agrava por el escaso conocimiento de las empresas en este campo.

La labor en cuestión presenta varias facetas. En primer lugar debe llevarse a cabo un análisis pormenorizado de la cartera en mora a fines de entender cabalmente la situación de cada deudor, teniendo en mente que ciertos casos pueden derivar hacia un concurso preventivo de acreedores o una quiebra.

Debe tenerse presente que, en materia de recupero de créditos, la rapidez con que se actué es esencial para asegurar el éxito. Es decir, el acreedor que llegue primero a un acuerdo con el deudor probablemente alcance los mejores términos de pago (plazo, obtención de garantías, etcétera).

Por otro lado, y a partir del análisis de la cartera en mora, se debe diseñar un plan de trabajo que comprenda un esquema de prioridades. Ya sea dividiendo los créditos en mora por monto, dado que a mayor importe mayor será el perjuicio económico asociado a la eventual incobrabilidad, o bien por otra variable pertinente.

El plan en cuestión debe contemplar un conjunto de criterios concretos que orienten la negociación con el deudor de que se trate. Es recomendable ofrecer un menú predeterminado de alternativas de regularización, evitando incurrir en excepciones o tratamientos "caso por caso" (lo cual suele generar demoras y costos administrativos elevados).

Y no debe descuidarse hacer énfasis en la organización de un equipo de trabajo adecuadamente capacitado en la materia y liderado por un responsable con suficientes facultades.

En síntesis, y en un contexto de caída generalizada de ventas e incremento de las carteras morosas, las empresas deben reorientar con rapidez parte de sus recursos hacia la labor de recupero cuyo éxito, en buena medida, les asegurará la continuación de sus negocios.