La pulseada que abrió el reclamo de la comunidad universitaria por un mayor presupuesto, tiene detrás una discusión que a la Argentina le cuesta poner sobre la mesa: cómo conseguir que la torta que reparte el Estado sea más grande, sin agrandar el Estado.
No hace falta embanderarse en la defensa de la educación pública para entrar en esta discusión, porque la educación pública no está puesta en tela de juicio. Acá se habla de dinero, y para ser más precisos, de cómo conseguir que los recursos que hoy puede recibir el sistema sirvan para obtener mejores resultados.
Hay otra línea de discusión, que pasa por el reclamo de mantener la misma cantidad de fondos en términos reales. O sea, que el presupuesto educativo nunca pierda contra la inflación. Por el momento, esa prerrogativa la tienen los jubilados, aunque con atraso. Los recursos que van a la clase pasiva absorben nada menos que la mitad del presupuesto nacional. Puede haber un consenso político que amplíe estas prioridades, pero tiene que estar acompañado de otra decisión compleja: cómo administrar lo que recauda el Estado sin tener que subir impuestos, tomar deuda o emitir moneda.
Si hay algo que preocupa de igual manera que la educación a todo aquel que produce y vende en la Argentina es la asfixiante presión tributaria que tiene el país, que lo vuelve anticompetitivo y caro. La torta del Estado crece más despacio porque necesita que la economía crezca primero. Y en caso de que sea necesario gestar un nuevo reparto, la base tiene que ser un consenso previo. Es un camino más largo, pero alguna vez hay que empezar a recorrerlo.