Un cierre de año donde conviven dos realidades. Si nos quedamos con el “Twitter de Yrigoyen” el 2025 fue el mejor de la historia argentina comandado por el presidente Javier Milei. Si vamos a los datos objetivos se vivieron momentos de zozobra.
El más intenso fue el rescate de último momento de Estados Unidos. Sin ese salvataje, la historia sería otra. Pero se culmina con una sensación de que el 2026 puede ser un muy buen año para el país. Siempre y cuando la actividad repunte.
O quizás debamos acostumbrarnos a dos Argentinas. Uno en el que el mediano plazo es visto de muy buena manera y hay sectores pujantes que van a darle el número macro de crecimiento (energía, minería y el agro en punta). Por el otro, un sector industrial que necesita del consumo interno para mantener la producción y los datos oficiales muestran que estamos lejos de eso. Y que el 2026 no tendrá cambios estructurales en ese sentido.
Es cierto y concreto que, hasta el triunfo de octubre y la renovación parlamentaria, el Gobierno convivió con la presión de ser minoría absoluta. No pudo siquiera sostener algunos de los vetos.
La aprobación de la Ley Bases —en una versión acotada respecto al megaproyecto original— fue el punto político más alto del año. El RIGI, las privatizaciones, las reformas laborales mínimas y las facultades delegadas marcaron el tono de una norma que buscó, más que cambiar de raíz, dar señales de orden hacia afuera: los mercados, los inversores, los organismos internacionales.
Durante el período que viene el Congreso será clave. Patricia Bullrich, ahora senadora, avisó que en febrero será el debate por la reforma laboral. ¿Tendrá los votos? Es imposible saberlo. Pero ganó semanas para continuar las negociaciones con aliados coyunturales y -sobre todo- con sectores del PJ con ganas de prestarse al juego de la silla (para votar a favor).
Hay que agregar que la relación Nación-provincias se volvió uno de los focos de tensión más fuertes del año. La poda de fondos discrecionales, subsidios y transferencias no automáticas generó conflictos con oficialismos y oposiciones por igual. Algunos gobernadores recurrieron a la Corte Suprema, otros pactaron a cambio de reformas o votos clave.
“La deuda de las cajas previsionales es el elemento más importante que tiene hoy el tándem Caputo - Santilli”, analizó ante El Cronista un economista cercano al gobierno que suele visitar a Milei en la Quinta de Olivos. Se refería al ministro de Economía.
Si hay algo que le quedó claro a los gobernadores (aliados y opositores) es que el Presidente no duda en acelerar cuando el escenario lo permite. Y que no piensa dejar el poder tan fácil como esperaba, de manera irrespetuosa, “Pepe” Albistur antes de Semana Santa.
Es más, hay quienes aspiraban a mostrar intenciones presidenciales por estos tiempos y lo pensaron dos veces. Un asesor de uno de ellos reconoció a este medio: “Enfrentar al Gobierno a nivel nacional hoy es perder. Significa discutir otra cosa que no sea la provincia. Eso puede generar un ruido local innecesario y en dos años perdés todo. ¿Para qué arriesgarnos si la provincia ya es un gran negocio político?”, aseveró. ¿Premio consuelo?
El Presidente disfruta por estas horas el último informe del Índice de Confianza que publica cada mes la Universidad Torcuato Di Tella: “El ICG de diciembre fue de 2,46 puntos, nivel que representa una leve disminución de 0,1% respecto del mes anterior. El actual nivel de confianza es 4,3% mayor que el de diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 73,2% mayor que el de diciembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández”, señaló el documento del centro de estudios.
Por último, desde esta columna señalamos el pasado 3 de diciembre que ya había jueces en los Estados Unidos recopilando datos sobre el desmanejo de fondos de la AFA en el exterior. La publicación de La Nación del último fin de semana comprobó que fueron al menos 40 millones de dólares. La duda por estas horas es si más allá del escándalo mediático esto puede traer consecuencias legales.
“En todo caso la estafa es sobre la AFA, no el Estado. La denuncia debería ser interna. Pero salvo Estudiantes de la Plata, ¿qué club se animaría a ir contra Claudio Tapia en ese sentido?”, explicó un abogado al tanto de la investigación. El Gobierno no piensa lo mismo.