En el mundo de los servicios de comunicación audiovisual, bastaría con un gesto de honestidad del oficialismo, para poder comenzar a darnos todas y todos un camino de soluciones a los problemas que existían antes de la Ley de Medios, y que con ella, se van acentuando día a día. El oficialismo, desde antes de su sanción, y a partir de ella más aún, ha generado falsas expectativas a entusiastas oficialistas devenidos en radiodifusores con licencia o sin ella, sin notificarlos que está imposibilitado de dar respuesta sobre las interferencias técnicas en un espectro radioeléctrico caótico que impide sintonizar una estación de radio y menos de televisión abierta, sin posibilidad concreta de llevar adelante un plan técnico real y posible que contenga a los pretensos radiodifusores viejos, nuevos o novísimos, sobretodo en lo que respecta a los principales centros urbanos de nuestro país. Tampoco explicó a la sociedad en general, qué producto de la materia que reguló y en la forma que lo hizo, generó un monumental retraso en la infraestructura de los servicios pagos de televisión, que en lugar de seguir siendo la avanzada en el mundo de habla hispana como lo fuimos, anda con el ofrecimiento del espectacular ancho de banda de 6 a 10 megas, retrasándonos a tiempos paleontológicos de las prestaciones, a diferencia de lo que acontece en el resto del mundo que superan los 100 megas en los hogares. Para ello, se han escudado desde antes de la sanción de la Ley de Medios y luego de ella, con la respuesta rápida en la imputación a los viejos operadores como responsables exclusivos de la mercantilización de los medios de comunicación, de la concentración de medios, y sobre todo, de haber sido esos operadores, los generadores de la imposibilidad de la democratización de la palabra a través de nuevas voces. Todos los males que se tuvieron y se tienen en el mundo de la radiodifusión previo a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, serían revertidos con la herramienta de la nueva norma y con la aplicación de ella al decir oficial, y con el actuar atento y vigilante del órgano técnico e independiente de control, que se estableció en la mentada Ley. Hoy con la ley vigente, con la doctrina de la Corte que declaró su constitucionalidad en los artículos que más le preocupaban su cuestionamiento al Poder Administrador plenamente operativos, vemos que las respuestas que hasta ahora han mostrado las autoridades públicas que tienen la obligación de ejercer su potestad regulatoria, sólo acreditan profundidad en el caos radioeléctrico, contradicciones con la aplicación arbitraria de un texto legal, y fundamentalmente, asumiendo una actitud negadora sobre la profundización de los conflictos que ya existían con el viejo marco normativo. Como muestra del actuar sinuoso y zigzagueante, tenemos medios interferidos técnicamente que no tienen respuesta de las autoridades públicas y deben recurrir judicialmente para permitir sus emisiones regulares, declaraciones de admisibilidad y aprobación a procesos de adecuación a la nueva regulación de los titulares de las licencias, con transferencias de ella entre familiares o empleados Vgr. Grupos de Aldrey Iglesias; Ick; Indalo/Cristóbal López o Radio Visión Jujuy, por solo nombrar algunos de ellos, cuando a otros se los tilda de tramposos sin que lo hayan presentado a tratamiento, o lo que es peor, manteniendo sin resolver las adecuaciones de empresas que han presentado sus procesos de adecuación a la ley, por no querer asumir que el texto de la Ley de Medios que impulsaron desde el oficialismo del partido de gobierno, veda el acceso a los titulares de servicios públicos como posibles titulares de estaciones de radiodifusión. Con la soberbia y la ignorancia como consejera, solo han logrado reforzar la idea de aplicación arbitraria, caprichosa y forzada de la Ley de Medios, que la Corte en el fallo del Grupo Clarín les remarcó como impedimento, en cambio, con un gesto de honestidad que reconozca la impostura de pretender convertir a la Ley de Medios en Poder Constituyente, por sobre todo el andamiaje jurídico del Poder Constituido, sería un buen comienzo, para empezar a recorrer el largo camino de resolver los desafíos de lo viejo del sistema de radiodifusión y lo nuevo en materia de convergencia tecnológica. Ello demostraría una honestidad intelectual, como quien reconoce el error y trata de solucionarlo en lugar de seguir encaprichado con el yerro.