Para Javier Iguacel no es fácil resolver quién pagará y cuánto el creciente costo de la electricidad mayorista sin promover la censura del Fondo, un piquete masivo de usuarios y, menos, vulnerar contratos en dólares. Tampoco lo es ir adelante con la orden judicial de embargar las cuentas de una cooperativa de Trelew, fuertemente endeudada con el sistema y que promete ser un caso testigo para las distribuidoras morosas. Dos decisiones clave para la tarifa eléctrica, con menos glamour político que el precio de la nafta pero vital para la economía.

Con un dólar de $ 29,16 el valor del megawatt hora mayorista trepó a $ 2276, contra los $ 1020 que hoy pagan las distribuidoras. Una parte de esa brecha ya se cubre con subsidio, que por la devaluación debería incrementarse cerca de unos $ 6000 millones por mes si el fisco soportara sólo ese mayor costo.

Según un ejercicio oficial sobre el trimestre agosto-octubre -considerado un modelo porque no tiene la distorsión de los picos del consumo de invierno ni del verano-- la brecha trimestral entre lo que pagan las empresas que distribuyen y el costo real de la electricidad es de $ 33.700 millones.

Casi la mitad de ese monto ya está cubierta por una subvención. La cuestión es quién paga la otra. Por ahora, la administración macrista se inclina por el camino del "sacrificio compartido", que obligará a todos a poner algo, aunque el reparto puede no resultar salomónico.

El Gobierno no quiere alterar los contratos con las generadoras, que están pautados en dólares, aunque la factura se emita en pesos. Lo mismo ocurre con el gas y los combustibles líquidos que utilizan las usinas térmicas y compra el Estado. La devaluación impactó fuerte en este primer eslabón, parte porque usa carburante importado, parte por definiciones políticas que inciden en la estructura de costos.

Hay una decisión arbitraria que Energía está por cambiar: el gas para generar electricidad se remunera u$s 5,20 el MBTU y los hombres de Iguacel bien saben que con u$s 4 los productores pueden darse por satisfechos. El gas que compra Cammesa aquél valor podría ser licitado para promover una baja naturalmente.

Otro resquicio para menguar costos en este segmento es revisar viejos contratos, para bajar el fee que cobran algunas centrales por poner a disposición del sistema la potencia. Central Puerto estaría entre las candidatas a sufrir ese recorte negociado. Como dato anecdótico, la usina tiene entre sus dueños a Nicolás Caputo, amigo presidencial.

No hay intención de rebajar, menos de subir, el margen de distribuidoras y transportistas, reformulado a través de las Revisiones Tarifarias Integrales y con el aval de audiencias públicas. El desafío es cómo hacer el pass through de aquellos mayores costos sin estresar más a las arcas públicas ni trasladarlo íntegro a las tarifas finales, salvo al 20% representado por los grandes usuarios.

Para delinear la estrategia, Iguacel se respalda en un equipo heredado. Alejandro Sruoga, secretario de Coordinación de Política Eléctrica; Oscar Natale, recién promovido a director de Política Tarifaria; Juan Luchilo, subsecretario de Energía Eléctrica y Andrés Chambouleyrón, titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Sólo cuando pasen las urgencias, el cordobés que comanda el ENRE podrá promover los cambios estructurales con los que sueña. Entre ellos un sistema que encarezca las tarifas en horas pico y las rebaje en las otras, para ir disciplinando al usuario que no sabe ahorrar. De hecho ya está en marcha una prueba piloto para instalar miles de medidores en el área metropolitana a fin de estudiar los hábitos de los clientes y segmentar luego los precios.

Antes hay que apagar otros incendios. La energía eléctrica más costosa también agrava el problema de muchas distribuidoras del interior, que acumulan una deuda a favor de Cammesa de $ 15.000 millones, en parte judicializada.

Ya hay un dictamen de tribunales para embargar el 30% de las cuentas de la cooperativa de Trelew, cuya ejecución la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. decidió mantener en suspenso hasta hoy, cuando reciba la visita de autoridades de la distribuidora y de Chubut para buscar una salida negociada.

En el contexto de altas tasas de interés, la distribuidora patagónica consideró casi imposible convenir un plan de pagos. Diseñarlo en 120 cuotas, según una variante puesta sobre la mesa, implicaría comprometer el 80% de los ingresos mensuales de la firma por ese lapso. Angustia que ya invade el alma de otras compañías del rubro, en la mayoría de los casos propiedad de las provincias.

Se trata de un verdadero caso testigo. O mecha de una bomba a punto de estallar. Justo cuando el gobierno necesita tener bien dispuesto al interior para definir los términos de un ajuste severo de fondos, que recortará las transferencias del poder central.