En medio de una transición compleja, la noticia de que el Tesoro alcanzó en octubre superávit fiscal primario no deja de ser un poco de oxígeno para los dos gobiernos, tanto para el que sale como el empieza el 10 de diciembre.

Los datos provienen de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y si bien no son los oficiales, el propio Hernán Lacunza le había anticipado a El Cronista que el mes terminaría con un resultado positivo.

Hay un aporte significativo de la ANSeS, que como ha hecho los últimos meses, contribuye con transferencias en concepto de rentas de la propiedad, o sea las ganancias que obtiene el Tesoro por la revaluación y venta de los activos en dólares que maneja el fondo del organismo. El saldo positivo también traduce que la recaudación todavía resiste a la caída del consumo y el nivel de actividad. No está alineada con la inflación acumulada, porque el Estado nunca recoge en la misma proporción el efecto que la devaluación genera en los precios. Pero implica que si la tendencia se puede sostener de acá a fin de año, la necesidad de que el Banco Central emita pesos para cubrir los enormes gastos de la administración central en diciembre será menor a la que proyectan algunos analistas, que hablan de $ 300.000 millones. La cifra no sale de cualquier lugar: es el déficit financiero acumulado en diez meses.

Los interlocutores de Alberto Fernández ya están avisando que no habrá lugar para bajar la presión tributaria

El gasto también está atenazado. Frente a un aumento de los ingresos de 57% en lo que va del año, las erogaciones crecen solo 42%. El Estado está funcionando en piloto automático, y con excepción de las obras grandes, toda la ejecución presupuestaria está ajustada para abajo.

Quien asuma como jefe del Palacio de Hacienda el 10 de diciembre tendrá que ver con extremo cuidado de dónde obtendrá los recursos que Alberto Fernández quiere poner en la calle cuando comience su mandato. Porque más allá de los vencimientos de deuda (que se pueden enfrentar con reservas y con renovación intra sector público), hay que tomar numerosas definiciones sobre beneficios fiscales que caen a fin de año, como es el caso de la rebaja del IVA a los alimentos. Matías Kulfas, referente económico de Fernández, es claro cuando recibe preguntas al respecto: en el contexto de emergencia en el que se iniciará la gestión, no están dadas las condiciones para una rebaja de la presión impositiva. El mensaje es claro, y hasta que no haya una mención explícita, también alcanza al agro.

Si finalmente se concreta el promocionado acuerdo de precios y salarios, hay que tener en cuenta que eso va a ponerle un techo a los ingresos del Estado (el impuesto inflacionario pesa y mucho) pero no a todos los gastos, como las jubilaciones, que se indexan según la inflación pasada. En paralelo, si el superávit continúa y permite cumplir las metas del FMI, el nuevo gobierno podrá ilusionarse con el desembolso que no tuvo Mauricio Macri.