

Finaliza una vez más el enorme desafío que significa para la administración provincial alcanzar los acuerdos salariales con el sector público, intentando satisfacer las legítimas demandas de los trabajadores sin que ello constituya poner en riesgo el sistema financiero de la Provincia.
Durante la gestión del gobernador Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, la educación siempre fue la prioridad principal. La prueba más elocuente de ello es el direccionamiento del 35% del presupuesto provincial a la Dirección General de Cultura y Educación, lo que representa una inversión total de $ 53.685 millones para el año en curso.
A partir de esta dinámica, luego de 6 años de trabajo ininterrumpido, los incrementos salariales del sector docente acumulan un 354% de aumento. Año tras año, la gestión provincial puso sus mayores esfuerzos y maximizó sus recursos, que en muchas ocasiones fueron escasos, para otorgar un mejor salario y una mejor calidad de vida a sus trabajadores, tomando como política social el sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, al margen de los vaivenes de la economía.
Si se considera el salario testigo del maestro de grado, se puede observar que en el año 2007, al asumir Daniel Scioli al frente de la Provincia, el mismo ascendía a $1.040. Ya en año 2008, el acuerdo paritario selló un salario inicial de $1.450 y para el 2009 el mismo ascendió a $1.605. En 2010, en tanto, se acordó un salario inicial de $1.900 y en 2011 de $ 2.400.
Para la segunda gestión de Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires, las políticas de negociación colectiva no variaron y las paritarias fueron logrando que los salarios docentes continúen su ascenso. Así fue que en el 2012 el salario testigo fue de $ 2.900, en el 2013 de $ 3.604,50 y este año se acordó un inicial que en el mes de agosto llega a $ 5.000.
Al mismo tiempo que se consideró elemental fortalecer la política salarial, se trabajó en función de proteger el sistema educativo público. De esta manera, se fijaron metas a cumplir vinculadas a que los alumnos no perdieran días de clases, asumiendo que esa situación conlleva la pérdida de un futuro próspero.
Para concretar dicho objetivo, desde la Dirección general de Cultura y Educación se ha trabajado firmemente, y se trabajará este año nuevamente, para la recuperación de los contenidos y sobre todo del tiempo que los alumnos deben estar en la escuela.
En este sentido, es importante revisar las medidas de fuerza adoptadas por los representantes de los trabajadores docentes, ya que si bien se consideran legítimas y constitucionales, es imprescindible adoptarlas con prudencia, en un marco de respeto a la legislación vigente y sobre todo, fundamentalmente en el caso de los docentes, velando por quienes menos capacidad de defensa tienen como es el caso de los chicos, que no deben paralizar ni retrasar en normal calendario educativo.
Frente a la pérdida de días de clase por diversas razones (medidas de fuerza de sindicatos docentes, no docentes, factores climáticos, pandemias, etc) se han arbitrado medios para que los docentes revisen las propuestas didácticas, jerarquicen contenidos y potencien sus estrategias de enseñanza; se los ha orientado para que optimicen el tiempo destinado al aprendizaje, privilegiando la actividad aúlica por sobre otras.
En conclusión, desde el inicio de la gestión del gobernador Daniel Scioli con la creación de la Subsecretaría de Negociación Colectiva del Sector Público y con el trabajo articulado entre diferentes organismos del Estado, se ha permitido consolidar un ámbito de diálogo y debate a partir del que se arribó a más de 250 acuerdos salariales.
Este nuevo espacio en el que se discuten y consensúan todos los acuerdos con los trabajadores de la administración pública provincial permitió la regularización de situaciones contractuales que no se ajustaban a la ley, la mejora de las condiciones de trabajo y la participación de los trabajadores en las negociaciones salariales.










