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La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha establecido un criterio significativo que favorece a los pensionados afiliados a fondos privados, permitiéndoles demandar una indemnización si han sido afectados por la falta de información durante su transición a un nuevo régimen pensional.

La decisión fue elucidada por la Sala de Casación Laboral, según lo expuesto por Semana, donde se especificó que el fallo tiene como objetivo a aquellas personas que, al finalizar su proceso de pensión en una AFP, recibieron una mesada inferior a la que hubiesen percibido en Colpensiones.

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Indemnización para pensionados: ¿en qué casos corresponde cobrarla?

El alto tribunal ha determinado que la reparación es procedente cuando el fondo privado no proporcionó información clara, suficiente y oportuna respecto a las implicaciones del traslado entre regímenes.

Esta situación abarca aquellos casos en los que el afiliado no obtuvo información adecuada sobre beneficios, riesgos, requisitos o diferencias entre permanecer en el régimen público o trasladarse al régimen privado. Si, debido a dicha omisión, perdió la oportunidad de pensionarse con un ingreso más elevado, tendrá la facultad de solicitar compensación económica.

El tribunal superior determinó que aquellos que resultaron afectados por traslados mal comunicados podrán solicitar una reparación económica ante la Justicia. (Fuente: Corte de Colombia)
El tribunal superior determinó que aquellos que resultaron afectados por traslados mal comunicados podrán solicitar una reparación económica ante la Justicia. (Fuente: Corte de Colombia)

Qué pruebas debe acreditar ante la Justicia

La Corte ha esclarecido que no todos los casos serán automáticos. Para poder acceder a la indemnización, será imprescindible demostrar tres elementos fundamentales:

  • La existencia de un daño reparable.
  • Una conducta culposa por parte de la AFP.
  • La relación directa entre dicha conducta y el perjuicio sufrido.

Es decir, será necesario demostrar que la falta de información influyó en la decisión y ocasionó una pérdida concreta para el pensionado.

El tribunal superior determinó que aquellos que resultaron afectados por traslados mal comunicados podrán solicitar una reparación económica ante la Justicia. (Fuente: Shutterstock)
El tribunal superior determinó que aquellos que resultaron afectados por traslados mal comunicados podrán solicitar una reparación económica ante la Justicia. (Fuente: Shutterstock)

Calculá el monto a pagar paso a paso

El tribunal aclaró que implementó un mecanismo objetivo para permitir que jueces y magistrados puedan evaluar los daños en cada caso.

El objetivo consiste en que la compensación se relacione con la pérdida experimentada por el afiliado, particularmente cuando la pensión otorgada en el régimen privado fue inferior a la que habría percibido en Colpensiones. Asimismo, la Corte dio a conocer una herramienta digital en su sitio web para simplificar dichos cálculos en futuros procedimientos judiciales.

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¿Por qué la Corte Suprema falló a favor de los afiliados?

De acuerdo con la resolución, la cuestión se originó en la transgresión del derecho que poseen los ciudadanos para realizar elecciones informadas respecto a su futuro en materia de pensiones.

La Corte subrayó que la modificación de régimen constituye una decisión de gran relevancia; por consiguiente, las entidades administradoras tienen la obligación legal de aclarar de manera transparente los impactos, beneficios y posibles riesgos asociados. En caso de que esto no se lleve a cabo y el trabajador se vea perjudicado, puede surgir una responsabilidad patrimonial.

La resolución permite que un número considerable de individuos examine detenidamente las circunstancias relacionadas con su transición al sistema privado, así como determine si existieron omisiones significativas por parte de la AFP. Este hecho también fortalece la responsabilidad informativa de las administradoras y establece un precedente notable en el contexto del sistema pensional en Colombia.

Desde esta perspectiva, la veracidad y transparencia en la gestión de la información son elementales para garantizar la confianza en el sistema. La normativa enacta genera un contexto propicio para que los ciudadanos comprendan plenamente sus derechos y las obligaciones de las entidades administradoras.