El proceso de sucesión en Colombia sigue vigente y está regulado por el Código Civil, que define cómo se reparten los bienes, derechos y obligaciones cuando una persona fallece. Aunque muchas personas creen que siempre heredan primero los hijos u otros familiares, la norma contempla escenarios específicos en los que el cónyuge puede recibir la totalidad del patrimonio. Este esquema legal no es nuevo ni corresponde a una reforma reciente, sino a reglas sucesorales que establecen un orden de llamados y condiciones claras para determinar quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporción. Con frecuencia surgen dudas sobre cuándo el esposo o la esposa puede quedarse con el 100% de la herencia y qué debe verificarse antes de iniciar el trámite sucesorio. La ley colombiana organiza a los posibles herederos en órdenes sucesorales que se aplican de forma escalonada. Solo si no existen personas en un nivel, se pasa al siguiente. El sistema prioriza primero a los descendientes y luego a otros parientes cercanos. En primer lugar están los hijos, sin distinción de su origen, quienes tienen preferencia sobre cualquier otro familiar. Si no existen descendientes, entran los padres o abuelos, junto con el cónyuge sobreviviente, con reparto por partes iguales. Cuando no hay hijos ni ascendientes, la ley llama a hermanos y cónyuge, compartiendo la herencia. Después pueden aparecer sobrinos en representación de hermanos fallecidos. Si no existe ningún familiar dentro de esos grados, los bienes pasan a una entidad pública de protección de la niñez. Estas reglas están definidas en la normativa civil que regula la sucesión intestada en el país. El cónyuge o compañero permanente puede adjudicarse el total de los bienes solo si se cumplen condiciones estrictas y no hay herederos con mejor derecho dentro de los órdenes anteriores. Para que eso ocurra deben verificarse, al mismo tiempo, estos puntos: Si aparece aunque sea un heredero de un orden anterior, el cónyuge ya no puede quedarse con el 100% y debe compartir la masa hereditaria según los porcentajes que fija la ley. La distribución del patrimonio puede hacerse por vía notarial o judicial, dependiendo de si hay acuerdo entre los herederos. El trámite incluye la identificación de bienes, la verificación de deudas y la acreditación del vínculo familiar. Las reglas procesales actuales buscan que la liquidación sea ordenada y verificable, con control de documentos y capacidad legal para testar cuando existe testamento. Si no lo hay, se aplica la sucesión intestada con el orden de llamados previsto en la ley. Antes de iniciar cualquier reparto, las autoridades o notarios revisan los soportes civiles y familiares para determinar correctamente quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporción corresponde la adjudicación.