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La Costa Caribe se consolidó como el epicentro del contrabando de cigarrillos en Colombia, con niveles que en varios departamentos superan ampliamente el promedio nacional. Así lo revela el más reciente estudio de incidencia de cigarrillos ilegales elaborado por Invamer y divulgado por la Federación Nacional de Departamentos, el cual advierte sobre un fenómeno en expansión que ya impacta de manera directa las finanzas públicas.

En 2025, el contrabando alcanzó el 38% del consumo nacional, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales frente a 2024. Aunque la cifra ya es elevada a nivel país, el informe muestra que en el norte del territorio la situación es considerablemente más crítica, con departamentos que duplican e incluso triplican ese promedio.

La alta penetración de cigarrillos ilegales en la región Caribe demuestra un problema estructural que no solo afecta el recaudo fiscal, sino que también refleja cambios en los hábitos de consumo, marcados principalmente por el precio y la accesibilidad del mercado informal.

La Costa Caribe concentra los niveles más altos de contrabando en Colombia

El “Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales 2025″ evidencia que La Guajira lidera el fenómeno con una incidencia del 94%, la más alta del país, lo que confirma la fuerte presencia del mercado ilegal en esta zona. Le siguen Cesar (79%), Magdalena (76%), Sucre (72%) y Bolívar (71%), todos con niveles que superan ampliamente la media nacional y evidencian un patrón sostenido de crecimiento del contrabando en la región.

El aumento de impuestos amplía la brecha de precios entre productos legales e ilegales, incentivando el contrabando.

Otros territorios como Norte de Santander (69%), Córdoba (54%) y Antioquia (51%) también presentan incidencias relevantes, mientras que Atlántico, con un 48%, se mantiene por encima del promedio nacional. Estas cifras reflejan una expansión del mercado ilegal en zonas con alta dinámica comercial, donde el contrabando ha logrado consolidarse como una alternativa dominante frente a la oferta formal.

El precio impulsa el consumo ilegal y profundiza el impacto fiscal en Colombia

Uno de los hallazgos centrales del informe de Invamer es que el precio se ha convertido en el principal motor del contrabando. El 87% de los consumidores de cigarrillos ilegales afirma que los adquiere por su bajo costo, lo que evidencia una relación directa entre el aumento de impuestos y la expansión del mercado informal. Según explicó Martín Orozco, el consumo no ha disminuido de forma significativa, mientras que el mercado ilegal continúa creciendo.

La diferencia de precios es significativa: una cajetilla ilegal cuesta en promedio $4808, frente a los $12.388 de una legal, lo que representa una brecha de $7580. En términos prácticos, esto permite a los consumidores adquirir 2,57 cajetillas ilegales por el precio de una legal, lo que incrementa el atractivo del contrabando.

Este escenario también tiene un efecto directo sobre las finanzas públicas, ya que el país deja de recaudar $1,18 billones anuales, mientras que solo en Bolívar, Magdalena y Atlántico las pérdidas superan los $190.000 millones al año.

El contrabando de cigarrillos en Colombia alcanzó el 38% del consumo nacional en 2025, según un estudio de Invamer.Gentileza

Resistencia a pagar más y expansión del mercado ilegal marcan el desafío para el Estado colombiano

Invamer también pone en evidencia una fuerte resistencia de los consumidores frente a posibles incrementos en el precio de los cigarrillos. Al ser consultados sobre si estarían dispuestos a pagar más, incluso si esos recursos se destinaran a sectores como salud, recreación y deporte, el 73% de los encuestados afirmó que no asumiría ese costo, lo que refleja una baja disposición a contribuir al recaudo fiscal a través de este producto.

Este comportamiento representa un desafío para la política pública, en un contexto en el que el aumento de impuestos coincide con el crecimiento del mercado ilegal. Asimismo, el contrabando genera una competencia desigual frente a la industria formal, que debe cumplir con regulaciones y cargas tributarias.