

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de fiscalización a jubilados que marca un cambio en la política tributaria del país. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) busca reforzar el control sobre los ingresos de este grupo poblacional mediante nuevas exigencias administrativas.
El eje central de la medida es la actualización obligatoria del Registro Único Tributario (RUT), requisito que permitirá a la entidad clasificar correctamente los ingresos por pensión y detectar posibles inconsistencias.
Además, la autoridad tributaria implementó sistemas más estrictos de cruce de datos, con el objetivo de identificar omisiones y garantizar que los pensionados cumplan con sus obligaciones fiscales sin errores.
Actualización obligatoria del RUT para pensionados
Uno de los puntos clave de la nueva estrategia es la inclusión del código de actividad económica 0020 en el RUT. Este código permite diferenciar los ingresos pensionales de otras fuentes y evita errores en la declaración.

No realizar este trámite puede activar alertas en los sistemas de control y derivar en sanciones económicas. Las multas mínimas superan los $524.000, lo que convierte este paso en una obligación prioritaria para los jubilados.
Topes que obligan a declarar renta en 2026
Para el próximo ciclo fiscal, la Dian estableció límites que determinan quiénes deben presentar declaración de renta. Superar ciertos montos en patrimonio, ingresos o movimientos financieros activa automáticamente esta obligación.
La entidad recordó que “la obligación de declarar nace al superar cualquiera de los siguientes topes durante el año 2025”, lo que implica que incluso quienes solo reciben pensión pueden quedar sujetos a este requisito si exceden los valores definidos.
Documentación clave para evitar sanciones
El cumplimiento de estas medidas exige una preparación previa. Documentos como certificados de ingresos, extractos bancarios y soportes de bienes serán fundamentales para evitar inconsistencias en el proceso.
Organizar esta información con anticipación permitirá a los pensionados responder a los controles de la Dian y reducir el riesgo de sanciones, en un contexto donde la vigilancia será más estricta que en años anteriores.











