En esta noticia
El Gobierno nacional oficializó el 29 de diciembre de 2025 el salario mínimo legal vigente para 2026, que quedó establecido en 1.750.905 pesos mensuales, tras un incremento del 23%. La decisión fue adoptada mediante decreto presidencial, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación.
A este valor se suma el auxilio de transporte, que fue fijado en 249.095 pesos, lo que eleva el ingreso mensual a dos millones de pesos para los trabajadores que tienen derecho a dicho auxilio. El ajuste impacta de forma directa a cerca de 2,5 millones de empleados en todo el país.
El nuevo salario mínimo que recibirán los trabajadores
El Ejecutivo justificaron la suba señalando que el aumento supera ampliamente la inflación anual registrada y se encuentra por encima tanto de la propuesta empresarial como de la pretensión sindical inicial. Según el Gobierno, el objetivo central es garantizar un nivel de vida digno y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares trabajadores.
El nuevo monto del salario mínimo, que comenzó a regir el 1 de enero de 2026, también incide en diversos aportes, cotizaciones a salud y pensión, subsidios, y otros valores indexados al SMMLV, lo que continúa teniendo efectos sobre la economía y distintos sectores productivos a lo largo de 2026.
Impacto en pensiones, arriendos y servicios
El aumento del salario mínimo también influye en distintos sectores de la economía, ya que varios aportes, subsidios y obligaciones legales se calculan con base en el SMMLV. Por ello, el ajuste tendrá efectos tanto en los ingresos de los trabajadores como en los costos laborales que deberán asumir las empresas a lo largo de 2026.
Además, otros gastos como algunos contratos de arrendamiento, matrículas educativas y determinados servicios podrán actualizarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso.
La posición del Gobierno frente al salario mínimo 2026
Durante su mandato, el Gobierno ha sostenido que la política salarial debe garantizar incrementos reales del ingreso, es decir, aumentos que superen la inflación para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Bajo ese criterio justificó el ajuste aplicado al salario mínimo de 2026.
Sin embargo, los gremios empresariales —como la ANDI y Fenalco— ya han advertido que un ajuste demasiado alto podría afectar la formalidad, la contratación y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.
