La Ley 820 de 2003 regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia y establece mecanismos de protección para los inquilinos, con el fin de impedir desalojos arbitrarios o inmediatos. Sus disposiciones rigen tanto durante la vigencia inicial del contrato como en las prórrogas o renovaciones, siempre que se cumplan los términos y obligaciones acordados por ambas partes. Esta normativa tiene como propósito principal armonizar los intereses de arrendadores y arrendatarios, evitando abusos y vacíos legales. Para lograrlo, define plazos, procedimientos y condiciones claras que permiten resolver conflictos de forma ordenada, brindando seguridad jurídica y favoreciendo soluciones acordes al marco legal vigente. En línea con ese enfoque, la legislación también refuerza la responsabilidad compartida entre propietarios e inquilinos para cumplir con las condiciones acordadas al firmar el contrato. El respeto de estas obligaciones fortalece la seguridad jurídica y reduce la posibilidad de conflictos durante la vigencia del arrendamiento. Aunque es habitual que los contratos de alquiler se celebren por un período inicial de 12 meses, la normativa colombiana habilita la prórroga automática cuando ninguna de las partes comunica su decisión de finalizar el vínculo dentro de los plazos legales. Esta situación permite que el contrato continúe vigente sin necesidad de firmar un nuevo documento. Gracias a este mecanismo, la ocupación del inmueble puede extenderse por dos, tres o más años consecutivos, otorgando mayor estabilidad habitacional a los inquilinos. La regla resulta especialmente relevante en escenarios donde cambiar de vivienda implica costos elevados, nuevos requisitos y trámites complejos, lo que convierte a la continuidad del contrato en una ventaja clave para quienes alquilan. Cuando existe incumplimiento en el pago del canon, el propietario está habilitado para iniciar una acción judicial con el fin de recuperar el inmueble. No obstante, la normativa vigente abre una ventana legal para evitar la restitución: si el inquilino cancela la totalidad de lo adeudado antes de que se dicte sentencia, el proceso puede darse por terminado. De acuerdo con lo previsto en la Ley 820, artículo 22, el juez puede cerrar el trámite sin ordenar el desalojo, siempre que la deuda haya sido saldada en su integridad dentro de los plazos permitidos. Esta posibilidad convierte al pago oportuno en una herramienta clave para frenar el lanzamiento, aunque su aplicación depende del cumplimiento estricto de las condiciones establecidas por la ley. Para evitar situaciones legales y desalojos, se recomienda que las personas cumplan con los pagos correspondientes en tiempo y forma. Mantenerse al día con las obligaciones contractuales no solo previene conflictos con los propietarios, sino que también garantiza estabilidad y seguridad en la vivienda durante todo el periodo de alquiler.