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A pocas semanas del cambio de gobierno, un informe de la Contraloría General de la República puso cifras al estado de cientos de proyectos públicos que permanecen sin terminar en Colombia. El organismo de control reportó 1.970 obras clasificadas como “elefantes blancos”, proyectos inconclusos o iniciativas críticas, cuyo valor conjunto asciende a 67,07 billones de pesos, un panorama que deberá afrontar la próxima administración encabezada por Abelardo de la Espriella.
El balance corresponde al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 6 de julio de 2026 y hace parte de la estrategia “Salvando Obras”, creada por la Contraloría para identificar proyectos paralizados, sin funcionamiento o con riesgo de convertirse en obras abandonadas.
¿Cuántas obras inconclusas deja el Gobierno de Gustavo Petro?
Según el informe, el país registra 1.970 proyectos con diferentes niveles de criticidad. Sin embargo, la Contraloría destacó que durante los últimos cuatro años fue posible culminar y poner en funcionamiento 536 obras, con una inversión cercana a 9,22 billones de pesos, además de otras 242 entregadas como resultado de procesos iniciados en administraciones anteriores.
Aun así, el organismo advirtió que permanecen 1.029 proyectos con dificultades en su ejecución, equivalentes a 54,17 billones de pesos. De ellos, 733 son objeto de estrategias de control fiscal participativo, mientras que los 296 restantes continúan bajo seguimiento ordinario.
Además, fueron identificadas 134 obras consideradas técnicamente irrecuperables por problemas jurídicos, administrativos o de planeación, cuyo valor supera los 627.000 millones de pesos.
¿Por qué siguen aumentando los llamados “elefantes blancos”?
La Contraloría señaló que los principales obstáculos tienen origen en fallas de planeación, como estudios previos incompletos, errores en los diseños e inconsistencias técnicas que obligan a realizar modificaciones contractuales.
A estas dificultades se suman los incumplimientos por parte de contratistas e interventores, las suspensiones de obra y los problemas relacionados con la disponibilidad de recursos, factores que terminan retrasando o paralizando la ejecución de los proyectos públicos.
Los proyectos que continúan sin finalizar
El informe también evidencia retrasos en iniciativas anunciadas durante la actual administración en sectores como educación, salud e infraestructura.
Entre los casos mencionados figura la nueva sede de la Universidad del Atlántico en Soledad, una obra financiada por el Gobierno Nacional que busca ampliar la cobertura para cerca de 2.000 estudiantes, pero cuyo avance ha sido cuestionado por dirigentes políticos debido al bajo progreso físico registrado en el terreno.
En Bogotá también continúa en desarrollo el Multicampus Universitario de Suba. Aunque ya abrió convocatorias académicas, diferentes actores han advertido que la infraestructura definitiva aún no ha comenzado a construirse y que el proyecto continúa en etapas de estructuración y contratación.
En materia de salud, uno de los proyectos con mayores retrasos es la recuperación del Hospital San Juan de Dios, cuya restauración avanza de manera parcial mientras varias edificaciones permanecen pendientes de intervención. A ello se suma el Hospital Albert Schweitzer, en Miraflores (Guaviare), donde los avances físicos continúan siendo mínimos pese a los recursos ya desembolsados.
La Contraloría también menciona retrasos en obras de infraestructura regional, proyectos de atención en salud mental en Chocó, la reconstrucción para familias afectadas por el deslizamiento de Piojó (Atlántico) y cuatro terminales aéreas del programa Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes), cuyos avances continúan por debajo de lo previsto.
El próximo Gobierno deberá decidir el futuro de estas obras
Con la llegada de una nueva administración, muchos de estos proyectos deberán ser evaluados para determinar si continúan su ejecución, requieren ajustes técnicos y financieros o, por el contrario, deben cerrarse de forma definitiva.
La Contraloría sostiene que el futuro de estas iniciativas dependerá del estado contractual de cada obra y de las decisiones que adopten las nuevas autoridades para evitar que continúen aumentando los llamados “elefantes blancos” en Colombia.