En esta noticia
- Contratos por más de $42.000 millones en la Superintendencia de Notariado y Registro: por qué generan polémica
- Ciberseguridad y riesgos digitales: la explicación oficial de la SNR sobre los contratos
- Contratación directa con Infotic y Colombia Digital: los acuerdos bajo la lupa
- Empalme gubernamental y revisión de los contratos en la Superintendencia de Notariado y Registro
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) quedó en el centro de la discusión pública tras conocerse una serie de contratos tecnológicos que superarían los $42.000 millones. Las adjudicaciones, realizadas mediante contratación directa, despertaron cuestionamientos por el monto, el contexto en el que fueron firmadas y su aparente similitud con otros procesos administrativos recientes.
De acuerdo con la información difundida por distintos medios, entre ellos el diario El Tiempo, los contratos incluyen servicios vinculados a infraestructura digital, seguridad de la información y fortalecimiento de sistemas internos. Parte de estas decisiones se habrían tomado en un periodo cercano a restricciones electorales, lo que elevó la atención sobre la entidad.
En medio de las críticas, la SNR salió a entregar explicaciones oficiales y defendió la legalidad de sus actuaciones. La entidad sostuvo que los procesos responden a necesidades urgentes del sistema registral y a riesgos asociados a la ciberseguridad, incluyendo posibles ataques informáticos.
Contratos por más de $42.000 millones en la Superintendencia de Notariado y Registro: por qué generan polémica
La controversia se originó a partir de la revelación de contratos tecnológicos que, en conjunto, superarían los $42.000 millones en la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). Las adjudicaciones fueron cuestionadas por realizarse mediante contratación directa y por el volumen de recursos comprometidos en un corto periodo de tiempo.
Según lo reportado por el diario El Tiempo, estos procesos incluyen también un contrato cercano a los $19.439 millones asociado a servicios tecnológicos y otros acuerdos previos que han sido objeto de revisión pública. La acumulación de estos contratos generó dudas sobre la planificación y el alcance de las decisiones administrativas.
Ciberseguridad y riesgos digitales: la explicación oficial de la SNR sobre los contratos
Frente a las críticas, la SNR justificó las contrataciones argumentando la existencia de riesgos críticos en materia de seguridad digital. La entidad señaló que se habrían detectado amenazas inminentes, como intentos de vulneración de sistemas y posible secuestro de información, lo que habría obligado a actuar de forma inmediata.
En esa línea, la Superintendencia explicó que uno de los contratos con la firma Infotic, por más de $7.300 millones, buscaba implementar medidas de mitigación urgentes en ciberseguridad. Según declaraciones difundidas por Blu Radio, estas acciones fueron consideradas prioritarias para evitar fallas en la infraestructura tecnológica del sistema registral.
Contratación directa con Infotic y Colombia Digital: los acuerdos bajo la lupa
Otro de los puntos centrales de la polémica es el uso de contratación directa con empresas del sector tecnológico como Infotic y Colombia Digital. En el caso de Infotic, el contrato incluyó servicios SOC/NOC y actualización de arquitectura empresarial, con una ejecución inicial corta que luego se extendió en el tiempo.
Por su parte, el acuerdo con Colombia Digital superaría los $16.000 millones y estaría orientado a fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información. La SNR defendió ambos procesos al afirmar que responden a necesidades distintas y que cada contrato tiene objetivos y entregables específicos.
Empalme gubernamental y revisión de los contratos en la Superintendencia de Notariado y Registro
Las decisiones contractuales de la SNR quedaron bajo observación en el marco del proceso de empalme entre administraciones, donde se prevé una revisión de varias entidades del sector justicia. Según lo informado, estos contratos serán analizados dentro del llamado “Empalme Anticorrupción”.
El equipo de transición, vinculado al área de Justicia, incluyó a la Superintendencia entre las entidades a evaluar por posibles alertas en contratación y nombramientos. Mientras tanto, la entidad sostiene que todos los procesos se ajustan a la normativa vigente y que no existen irregularidades en su actuación administrativa.