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Durante los primeros días de 2026, el departamento del Cauca volvió a ser escenario de un grave hecho de violencia. En el municipio de Santander de Quilichao, tres personas fueron asesinadas en dos eventos distintos que, por su conexión, fueron catalogados como una masacre.
La situación generó temor entre los habitantes de la zona, que reclaman mayor presencia del Estado y medidas de protección frente al accionar de grupos armados ilegales que operan en el territorio.
Un crimen y un velorio bajo fuego: cómo se desencadenó la masacre
El primer hecho ocurrió cuando Irma Yulie Erazo Reina, una mujer reconocida en la comunidad por administrar un establecimiento comercial, fue atacada por hombres armados que llegaron hasta su lugar de trabajo y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima murió por la gravedad de las heridas.
Horas después, durante el velorio, se registró un segundo ataque. Según la información conocida por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), retomada por El Tiempo, hombres armados irrumpieron en el lugar, dispararon contra los asistentes y persiguieron a dos mujeres que se encontraban entre los dolientes.
En ese segundo hecho fueron asesinadas Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años. Debido a la relación directa entre ambos episodios, el caso fue clasificado como una masacre.
Alertas previas por riesgo en Santander de Quilichao
Antes de estos crímenes, la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la situación de riesgo en este municipio del norte del Cauca. En la Alerta Temprana 013 de 2025, la entidad incluyó a Santander de Quilichao y solicitó a las autoridades reforzar las acciones de seguridad para proteger a la población civil.
En ese documento se alertó sobre posibles violaciones a los derechos humanos en la zona, en un contexto marcado por la presencia de estructuras armadas ilegales.
Presencia de grupos armados ilegales en la región
La Defensoría también hizo referencia al municipio en la Alerta Temprana 036 de 2025, en la que se señaló la actuación de disidencias de las Farc en la región. Entre los grupos mencionados se encuentran el frente Dagoberto Ramos y el frente Jaime Martínez, además de otras estructuras de carácter local.
De acuerdo con organizaciones que hacen seguimiento al conflicto armado, estas estructuras ejercen control territorial y están vinculadas a economías ilícitas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cuál fue el grupo responsable de los asesinatos.
Pese a la gravedad de los hechos, no se ha emitido un pronunciamiento oficial inmediato por parte de las autoridades ni de la Defensoría del Pueblo. Las investigaciones continúan mientras la comunidad insiste en la necesidad de mayores garantías de seguridad para evitar nuevos episodios de violencia.
