La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos aprobados bajo la emergencia económica en Colombia, al advertir posibles fallas en la forma en que se estructuraron los decretos del Gobierno.
El foco está en el recaudo proyectado de hasta 8,68 billones de pesos, una cifra que, según el ente de control, requiere mayor sustento técnico y claridad en su destinación, especialmente en medio de la atención a la crisis derivada de la temporada invernal.
Dudas sobre el recaudo y uso de los recursos
La entidad señaló inconsistencias en la formulación y ejecución de las medidas adoptadas, lo que podría afectar la correcta asignación de los fondos. En ese sentido, pidió que la redistribución de recursos se haga con criterios técnicos y jurídicos sólidos.
Además, anunció que solicitará información detallada al Ministerio de Hacienda, la UNGRD y otras entidades para justificar tanto la necesidad del recaudo como la forma en que se distribuirán los recursos entre sectores y territorios afectados.
Riesgos en ejecución y sectores estratégicos
El organismo de control fue enfático en que “el Gobierno Nacional tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo”, subrayando la importancia de que se utilicen únicamente para atender la emergencia.
También advirtió limitaciones en la capacidad operativa de la UNGRD para ejecutar proyectos complejos, lo que podría generar retrasos. A esto se suma la preocupación por posibles efectos en el sector energético, donde decisiones sin respaldo técnico podrían impactar tarifas y la confianza de los inversionistas, en medio de un contexto sensible para la gestión de la emergencia.