La declaratoria de emergencia económica volvió a encender las alertas en Colombia. Bajo ese marco excepcional, el Gobierno activó una batería de decisiones que, aunque justificadas por la crisis invernal, abren interrogantes sobre su alcance real, su impacto fiscal y las consecuencias que podrían extenderse más allá de los territorios afectados. En el centro del debate aparecen cinco decretos expedidos en cuestión de días. El Ejecutivo sostiene que las lluvias, inundaciones y daños estructurales superaron la capacidad de respuesta ordinaria del Estado. Sin embargo, el volumen de recursos proyectado y la naturaleza de algunas medidas han despertado suspicacias en sectores económicos y de control. Lo que todavía no está del todo claro es hasta dónde llega el uso exclusivo de estos recursos para atender la emergencia climática. El misterio no radica solo en los montos, sino en la arquitectura completa de los decretos, que combina impuestos temporales, alivios financieros y flexibilización contractual en un momento políticamente sensible. El primer eje de la emergencia económica es fiscal. El decreto que crea el impuesto temporal al patrimonio apunta a personas jurídicas con altos patrimonios y a sectores estratégicos como el financiero y el extractivo. Aunque el Gobierno habla de un recaudo cercano a $8 billones, estimaciones independientes sugieren que la cifra podría ser mayor. Este nuevo tributo, de carácter transitorio, se suma a una estructura impositiva ya exigente para las empresas. Por eso, el debate no se limita al recaudo inmediato, sino al impacto sobre la inversión, la carga tributaria efectiva y el mensaje que se envía al sector productivo en medio de un contexto económico ajustado. El segundo gran bloque de medidas se enfoca en el sector agropecuario, uno de los más golpeados por la crisis invernal. Los decretos contemplan alivios de deuda, reestructuración de créditos y la suspensión temporal de cobros, con especial prioridad para pequeños productores, mujeres rurales y comunidades vulnerables. A esto se suma la habilitación de contratación directa, incluso en periodo electoral, y la posibilidad de ampliar contratos vigentes por encima de los límites habituales. Aunque el objetivo es acelerar la respuesta estatal, la flexibilización de controles ha generado preocupación sobre la transparencia y la supervisión del gasto público. Finalmente, el paquete se completa con un aporte extraordinario exigido a las generadoras de energía, que deberán transferir un porcentaje adicional de sus ventas para financiar acciones ambientales y de gestión del riesgo. El sector advierte que estos costos podrían trasladarse a los usuarios, ampliando el impacto de la emergencia más allá de las zonas inundadas.