En esta noticia
- ¿Cuánto dinero recuperó el Gobierno durante la liquidación de MinIgualdad?
- ¿Qué pasó con los contratos del Ministerio de la Igualdad?
- ¿Cuántas denuncias presentó el Gobierno por las presuntas irregularidades?
- ¿Por qué el Gobierno eliminó los viceministerios de MinIgualdad?
- ¿Qué encontró el Gobierno sobre los contratos y la ejecución de recursos?
- ¿Qué ocurrió con las mercancías de la DIAN que estaban bajo custodia?
- ¿Qué pasará ahora con el Ministerio de la Igualdad?
El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas dentro del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad. Según el balance presentado por el vocero presidencial Miller Soto, más de 60 contratos fueron revocados y ya se presentaron 13 denuncias ante organismos penales, disciplinarios y fiscales por presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la entidad.
La administración también aseguró que las primeras decisiones adoptadas durante la liquidación permitieron identificar recursos que podrían dejar de comprometerse en gastos asociados al funcionamiento de la cartera. El balance fue presentado después de los primeros diez días del proceso de cierre.
¿Cuánto dinero recuperó el Gobierno durante la liquidación de MinIgualdad?
De acuerdo con Miller Soto, durante los primeros diez días del proceso se recuperaron más de $20.000 millones anualizados.
El funcionario puso esta cifra en contexto al señalar que los recursos representarían el equivalente a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas, una comparación utilizada por el Ejecutivo para dimensionar el impacto que tendría la reducción de estos compromisos.
El Gobierno sostiene que parte de este resultado está relacionado con la revisión de contratos y con el desmonte de la estructura que tenía el Ministerio de la Igualdad durante la administración anterior.
¿Qué pasó con los contratos del Ministerio de la Igualdad?
Uno de los principales anuncios fue la revocatoria de más de 60 contratos que, según la versión entregada por el Gobierno, habrían sido suscritos durante la etapa final de la administración de Gustavo Petro.
La revisión no se limitó a determinar si los contratos podían continuar. El Ejecutivo informó que las actuaciones encontradas también fueron remitidas a las autoridades correspondientes para establecer si existieron responsabilidades administrativas, fiscales o penales.
En esta etapa, el Gobierno no entregó públicamente el detalle individual de cada uno de los contratos revocados, por lo que las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las entidades competentes.
¿Cuántas denuncias presentó el Gobierno por las presuntas irregularidades?
El Ejecutivo confirmó la presentación de 13 denuncias relacionadas con los hallazgos que surgieron durante la revisión de la entidad.
El paquete está compuesto por:
- 6 denuncias penales.
- 5 denuncias disciplinarias.
- 2 denuncias fiscales.
La finalidad es que los organismos de investigación y control establezcan si hubo actuaciones irregulares y, de ser así, quiénes tendrían responsabilidad en los hechos bajo investigación.
Por ahora, se trata de presuntas irregularidades y no de responsabilidades judiciales determinadas. Las autoridades deberán adelantar las investigaciones correspondientes antes de establecer conclusiones.
¿Por qué el Gobierno eliminó los viceministerios de MinIgualdad?
Como parte de la liquidación, el Gobierno también avanzó en el desmonte de la estructura directiva del Ministerio de la Igualdad.
Según el balance presentado por Soto, fueron eliminados los cinco viceministerios que conformaban la estructura de la entidad. Esta decisión, de acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, representaría un ahorro aproximado de $1.500 millones al año.
A esto se suma la eliminación anunciada de más de 40 cargos directivos, una medida con la que el Gobierno calcula reducir otros $12.000 millones anuales en gastos.
La administración de Abelardo De La Espriella presenta estas decisiones como parte de una reducción de la estructura administrativa durante el proceso de cierre.
¿Qué encontró el Gobierno sobre los contratos y la ejecución de recursos?
Otro de los puntos señalados durante el balance está relacionado con la concentración de recursos en una empresa.
Según Soto, una sola compañía habría concentrado contratos por más de $171.000 millones, mientras que durante el año anterior solamente se habría ejecutado cerca del 5 % de la inversión.
Para el Gobierno, la combinación entre una elevada concentración contractual y un bajo nivel de ejecución constituye uno de los elementos que deben ser revisados por las autoridades.
La información forma parte de los hechos que fueron puestos bajo la lupa durante la liquidación, aunque cualquier eventual responsabilidad deberá establecerse mediante las investigaciones respectivas.
¿Qué ocurrió con las mercancías de la DIAN que estaban bajo custodia?
Dentro del proceso también apareció otro asunto relacionado con bienes almacenados en bodegas.
El Gobierno señaló que el último ministro de la entidad todavía no habría entregado las llaves de unas bodegas donde permanecerían mercancías de la DIAN, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $16.800 millones.
Este punto también quedó incorporado dentro de los asuntos que la administración asegura estar revisando mientras avanza el proceso de liquidación.
¿Qué pasará ahora con el Ministerio de la Igualdad?
La liquidación implica que la entidad ya no puede continuar desarrollando normalmente las funciones misionales que tenía antes. Las actuaciones restantes deben concentrarse en el cierre administrativo, la revisión de obligaciones, la organización y protección de archivos, los asuntos jurídicos pendientes y el manejo de los compromisos que permanezcan vigentes.
En ese escenario, el Gobierno continuará con la reducción de cargos, la revisión de contratos y las actuaciones ante los organismos de control.
El Ejecutivo de Abelardo De La Espriella sostiene que el proceso permitirá disminuir gastos y recuperar recursos que estaban comprometidos, mientras que las 13 denuncias radicadas abren una nueva etapa para determinar si las actuaciones señaladas constituyeron irregularidades.
