La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y el secretario general de la Fundación San José, por presunta corrupción en la expedición de títulos falsos. La Delegada de Seguridad Territorial confirmó la solicitud de audiencia para una medida de aseguramiento que implicaría detención domiciliaria contra Guerrero. El caso pone el foco en la presunta expedición irregular de títulos y su posterior publicación en plataformas estatales, un asunto que tiene impacto directo en la confianza institucional. De acuerdo con lo informado por la delegada Jaramillo, la Fiscalía solicitó audiencia para imputar cargos a Juliana Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José. Según explicó la funcionaria, se les atribuyen los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La fiscal sostuvo que los hechos estarían relacionados con la expedición de títulos de contadora pública y de tecnóloga en gestión contable que Guerrero habría presentado para ocupar un cargo en el Ministerio de la Equidad. Jaramillo afirmó que esos documentos se publicaron en el SIGED en agosto de 2025 y fueron expedidos el 1 de julio, sin cumplir los requisitos legales. En su exposición, la delegada señaló que la investigación no ha acreditado asistencia a clases ni la presentación de las pruebas Saber por parte de Guerrero. “La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público”, dijo Jaramillo, al detallar el alcance de la actuación. La funcionaria agregó que, hasta el momento, los elementos recaudados indican que no se cumplieron los trámites exigidos para la expedición de los títulos académicos, aspecto central para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía informó que cuenta con elementos materiales probatorios que respaldan la hipótesis investigativa. Entre ellos, figuran registros en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), donde constarían los documentos académicos cuestionados. Además, el ente acusador realizó una inspección judicial en la universidad señalada para obtener soportes documentales. “Tenemos lo que tiene que ver con la expedición del título sin el lleno de requisitos en la Universidad”, afirmó Jaramillo, al explicar que no se hallaron evidencias de cumplimiento académico. El proceso seguirá su curso con la audiencia solicitada por la Fiscalía, en la que un juez evaluará la imputación y la procedencia de la medida de aseguramiento pedida. Mientras tanto, el caso mantiene la atención pública por sus implicaciones penales y administrativas.