La discusión por el salario mínimo en Colombia escaló a un nuevo nivel político. Luego de la intervención televisada del presidente Gustavo Petro, los partidos de oposición activaron su derecho a réplica y lanzaron fuertes cuestionamientos sobre el manejo económico y los recientes casos de corrupción en el Gobierno. Desde el Centro Democrático y Cambio Radical, sus voceros aseguraron que el debate salarial no puede desligarse de la estabilidad jurídica ni del ambiente para la inversión. Aunque coincidieron en la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores, insistieron en que cualquier incremento debe estar acompañado de medidas que garanticen sostenibilidad empresarial. La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia fue la encargada de responder por el uribismo. En su intervención sostuvo: “Todos estamos de acuerdo en que queremos mejores salarios para los trabajadores de este país. Pero para que los salarios sean sostenibles, necesitamos tomar medidas adicionales, que bajar los impuestos drásticamente para no asfixiar a los empresarios”. Valencia agregó que es indispensable brindar garantías de seguridad física y jurídica para atraer inversión y mantener reglas claras. Además, lanzó fuertes acusaciones contra la administración actual al afirmar: “Este es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia”, y enumeró presuntos hechos irregulares relacionados con financiación de campaña, uso de recursos públicos y contratación estatal. Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa y el representante Julio César Triana replicaron el discurso presidencial en nombre de Cambio Radical. Motoa aseguró que “el Gobierno Nacional es incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión y no para lograr mejorías reales”. Triana también interpeló al mandatario por las movilizaciones convocadas en defensa del incremento salarial del 23,7% y preguntó: “¿Por qué no llama a la movilización social por la corrupción y el desgobierno?”. El congresista mencionó presuntas irregularidades en entidades estatales y cuestionó contratos firmados antes de la Ley de Garantías. La oposición reiteró que respalda mejores condiciones para los trabajadores, pero advirtió que el aumento del salario debe analizarse junto con la carga tributaria y el impacto sobre el empleo formal. Insistieron en que la incertidumbre institucional puede afectar la confianza de inversionistas y empresarios. Mientras tanto, el Gobierno defiende el ajuste decretado como una medida para proteger el poder adquisitivo de los hogares. El choque entre Ejecutivo y oposición mantiene abierto un debate que combina economía, estabilidad jurídica y señalamientos por presunta corrupción, en un escenario político cada vez más tensionado.