Una fiesta organizada por reclusos en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, el pasado 1 de abril desató un escándalo que llegó hasta el Congreso y el Ministerio Público. El evento incluyó la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez en una tarima instalada en el patio uno del penal, además de bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos, según denuncias de concejales de Medellín y un video al que accedió la prensa. Según compartieron EFE y Semana, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación administrativa para determinar quién autorizó el ingreso del artista al establecimiento y qué funcionarios del Inpec participaron o permitieron la celebración, que se realizó sin ningún tipo de autorización oficial. Tras conocerse los hechos, el Inpec desplegó grupos especiales al interior del penal y el resultado del operativo confirmó las denuncias: encontraron licor, cerveza, marihuana, cocaína, cargadores y parrillas para asados, todos elementos expresamente prohibidos en los centros de reclusión del país. El hallazgo evidenció que la labor de custodia y vigilancia había fallado de forma grave. El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, expresó su molestia ante los hechos y fue enfático en señalar que la actividad no fue aprobada ni por el Gobierno nacional, ni por el Ministerio de Justicia, ni por la dirección del instituto. Como medida inmediata, ordenó el relevo del director encargado del establecimiento, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio el día de la fiesta. La cárcel de Itagüí no es un penal cualquiera: allí cumplen condenas jefes de bandas criminales de Medellín vinculados a delitos como narcotráfico y extorsión. Algunos de estos reclusos participan en el proceso de “paz urbana” impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que les otorga un régimen especial de visitas los miércoles, acordado en las mesas de diálogo del ejecutivo. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aclaró que ese régimen especial no incluye ni autoriza celebraciones como la denunciada. Sin embargo, el episodio abrió el debate sobre si las condiciones de ese proceso de negociación están siendo aprovechadas por los reclusos para obtener beneficios ilegales a cambio de mantenerse en las supuestas mesas de paz. El procurador general Gregorio Eljach confirmó la apertura de indagaciones disciplinarias contra los funcionarios involucrados y anunció que en la medida que avance la recolección de pruebas se brindaría más información. La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia realizó además una inspección disciplinaria al lugar de los hechos y a la Dirección Regional del Inpec. En el Congreso, el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid citó a debate de control político al ministro de Justicia y al director del Inpec para que respondan por lo ocurrido. El episodio se suma a una larga lista de escándalos carcelarios en Colombia, que incluyen casos históricos como el de La Catedral, donde Pablo Escobar disfrutó de condiciones de lujo en los años 90, y el de la base de Tolemaida, conocida como “Tolemaida Resort” en 2013 por los privilegios indebidos de los detenidos.