La Corte Suprema de Justicia revocó una decisión del Tribunal Superior de Cali y concedió la protección de los derechos al debido proceso y a un juicio imparcial de un procesado, luego de detectar un hecho que encendió las alarmas en el sistema judicial: en el expediente digital aparecía un proyecto de sentencia condenatoria antes de que concluyera el debate oral y con signos de inteligencia artificial. El caso se originó en un proceso penal iniciado en 2023 por delitos sexuales contra menor de 14 años. Aunque las audiencias avanzaron entre 2023 y 2024 y los alegatos finales estaban programados para 2025, la defensa encontró en el archivo judicial un documento que contenía una condena de 18 años de prisión con valoración probatoria incluida. Para el alto tribunal, la existencia de ese texto comprometía la imparcialidad del juzgador y vaciaba de contenido la etapa final del juicio. La Sala concluyó que cuando el resultado parece definido antes de terminar la práctica probatoria, el proceso pierde su esencia decisoria. El documento descubierto no era un simple esquema. Según la Corte, incluía transcripción de testimonios, análisis jurídico y conclusiones expresas sobre la responsabilidad penal del acusado. Incluso figuraba con firma, lo que llevó a la defensa a presentar recusación por prejuzgamiento. Aunque el juzgado sostuvo que el archivo fue cargado por error y que no correspondía a una decisión definitiva, la Corte consideró que su sola existencia generaba dudas razonables sobre la neutralidad judicial. Por ello, ordenó apartar al despacho y remitir el caso a otro juez, sin invalidar lo ya actuado en el juicio. Durante la revisión, la Sala identificó fragmentos que evidenciaban el uso de inteligencia artificial generativa para estructurar el análisis probatorio. El fallo advirtió que estas herramientas no pueden sustituir funciones jurisdiccionales esenciales ni intervenir en la determinación de responsabilidad penal. Entre los puntos fijados por la Corte se destacan: La Corte precisó que la tecnología puede emplearse en tareas auxiliares, pero nunca para delegar la interpretación de hechos ni la motivación de fallos. Recordó que la presunción de inocencia exige que la posibilidad de absolución o condena permanezca abierta hasta la sentencia definitiva. Con esta decisión, el alto tribunal dejó sin efectos los autos que rechazaron la recusación y concedió el amparo constitucional. El proceso continuará en otro despacho, mientras la providencia fija límites claros al uso de herramientas tecnológicas en la función judicial y marca un precedente para futuros casos.