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El Gobierno de Colombia tomó una decisión que podría modificar el rumbo de una parte clave de su economía. Con un nuevo decreto, se introdujo un cambio relevante que impacta directamente a sectores estratégicos como la construcción y la manufactura, generando expectativa en el mercado.
Aunque en un primer momento la medida parece técnica, su alcance va mucho más allá de lo arancelario. El ajuste apunta a productos ampliamente utilizados en la industria, lo que abre interrogantes sobre el impacto en precios, empleo y competitividad.
Detrás de esta determinación hay un contexto que venía mostrando señales de alerta. El aumento de las importaciones y la presión sobre la industria local obligaron a tomar medidas que ahora comienzan a tener forma concreta.
Arancel del 35% al acero en Colombia: qué establece el decreto
El Ejecutivo expidió el Decreto 0264 del 16 de marzo de 2026, mediante el cual fijó un arancel del 35% al acero y productos metalmecánicos provenientes de países sin acuerdos comerciales vigentes con Colombia.
La norma modifica parcialmente el esquema del Arancel de Aduanas y establece un gravamen uniforme para 14 subpartidas arancelarias, que incluyen barras, perfiles, alambres y tubos. Estos insumos son fundamentales para actividades industriales y de infraestructura.
Según el decreto, este 35% corresponde al nivel máximo permitido dentro del arancel vigente para este tipo de bienes importados. La medida se aplicará a productos provenientes de economías como China, Rusia, Turquía e India.
El Gobierno argumenta que la decisión responde a cambios en el comportamiento de las importaciones, con un crecimiento significativo en volumen y una reducción en los precios de entrada al país.
Impacto del arancel del 35% al acero y metal en Colombia
El análisis técnico incluido en el decreto señala que entre enero y agosto de 2025 algunas importaciones crecieron entre 5% y más del 290%, lo que encendió alertas sobre una posible afectación estructural en la industria nacional.
Además, en varias subpartidas las compras a países sin acuerdo comercial superaron el 80% e incluso el 90% del total importado, consolidando una fuerte dependencia de mercados externos.
El Gobierno destacó que el sector siderúrgico y metalmecánico representa cerca del 10% del PIB industrial, genera alrededor de 45.000 empleos y articula más de 25.000 proveedores, lo que explica la necesidad de protegerlo.
La medida tendrá una vigencia de un año desde su entrada en vigor, que se dará 15 días después de su publicación. Posteriormente, las autoridades evaluarán su impacto para decidir si el esquema se mantiene o se ajusta.