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El debate sobre los pasaportes colombianos volvió a escalar en el escenario político. Un nuevo choque institucional se produjo entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría General de la Nación, luego de una solicitud que podría cambiar el rumbo del contrato firmado con el gobierno de Portugal.
El tema generó fuertes reacciones porque la discusión no solo gira en torno al contrato, sino también a posibles implicaciones políticas y electorales. Desde la Presidencia se cuestionó el papel del Ministerio Público y se advirtió que la decisión podría tener efectos en el panorama político del país.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá evaluar si existen irregularidades suficientes para anular el acuerdo. Detrás del debate aparecen acusaciones cruzadas, cuestionamientos sobre transparencia y dudas sobre el futuro del sistema de pasaportes en Colombia.
Choque entre Petro y la Procuraduría por el contrato de pasaportes con Portugal
La tensión se intensificó cuando la Procuraduría General de la Nación presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el objetivo de tumbar el contrato de pasaportes firmado entre Colombia y Portugal. El acuerdo, cercano a 1,3 billones de pesos, contempla que la Casa de la Moneda portuguesa participe en la elaboración de los documentos.
El Ministerio Público argumenta que el contrato tendría irregularidades administrativas y financieras, entre ellas cuestionamientos sobre la disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto. Por esa razón, solicitó que el tribunal estudie la nulidad del acuerdo y que incluso se evalúe la devolución de los dineros que ya se habrían girado.
Este contrato surgió luego de la polémica que rodeó el proceso de contratación del sistema de pasaportes en Colombia, un tema que ha estado en el centro del debate público durante los últimos años.
Petro acusa a la Procuraduría de interferir en elecciones por contrato de pasaportes
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza frente a la solicitud presentada por la Procuraduría. A través de sus redes sociales, afirmó que detrás de la demanda podría haber intereses políticos relacionados con las elecciones presidenciales.
Según el mandatario, el objetivo de la acción judicial sería favorecer a la empresa Thomas Greg and Sons, compañía que durante años estuvo vinculada a la producción de pasaportes en el país. Petro sostuvo que no permitirá que ese contrato vuelva a manos de la firma privada.
El presidente también cuestionó otras solicitudes del Ministerio Público relacionadas con sus declaraciones sobre posibles riesgos de fraude electoral, lo que amplió el enfrentamiento institucional.
Por ahora, el futuro del contrato de pasaportes con Portugal dependerá de lo que determine el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La decisión podría tener impacto no solo en la administración del documento, sino también en el debate político que rodea el proceso electoral en Colombia.